Las relaciones entre los directores del Banco Central de Venezuela no parecen estar en su mejor momento. Las discusiones entre los miembros llevan tiempo, pero además el hecho de que el ente emisor sea el que haya promovido la creación del Impuesto General a las Transacciones Financieras (IGTF) y el aumento de la inflación en las últimas semanas ha producido un ambiente tóxico en el que la directora Sohail Hernández ha pasado a ser llamada: “La nueva Giordani”, señala el semanario Exclusivas Económicas.
El IGFT en la palestra
Adicionalmente, hubo una reunión con el sector bancario hace unos días que dejó en evidencia la falta de tolerancia de Hernández, cuando alzó la voz a los representantes de la banca por no haber potenciado lo suficiente el uso del bolívar en sus transacciones, señaló a Exclusivas Económicas una fuente cercana al sector financiero.
Básicamente se le prohibió a la banca que los usuarios hagan pagos en divisas y se les advirtió a los banqueros que de hacerlo sería un delito fiscal. La fuente explicó a Exclusivas Económicas que si un cliente tiene una cuenta en dólares no puede utilizarla para hacer pagos regulares, por lo que debe vender las divisas y pagar los bienes y los servicios en bolívares.
De acuerdo con el semanario, una parte del directorio del BCV liderada por Hernández cree que al poner trabas a las transacciones en divisas, los agentes económicos van a preferir utilizar bolívares.
Otro sector del banco piensa que los controles de este tipo no ayudan. Sin embargo, el equipo del BCV, cuya cabeza es Calixto Ortega, se nota algo cansado con la manera conflictiva con la que Hernández suele manejarse.
A esta situación tensa no le ayuda el hecho de que la inflación de marzo superó 10%, lo que tomó por sorpresa a todo el directorio, que debe dar explicaciones a la vicepresidente Delcy Rodríguez. A esto hay que añadirle el rechazo que ha ocasionado la implementación el nuevo IGTF, no solo por la poca transparencia para explicar de qué se trata, sino a su errada implementación y lo regresivo que representa para la población.
Sobre la posibilidad de derogarlo, no hay esperanzas, pues dentro del BCV y del Seniat saben que el costo políticos de una medida como esta ya se pagó hace mucho tiempo, puntualiza el semanario.