Neida Pérez Morillo, abogada, defensora privada de presos políticos militares y directora de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, subrayó que en Venezuela persisten las violaciones al debido proceso y la falta de garantías procesales en casos de presos políticos militares venezolanos, en proceso de juicio y condenados.
A propósito del reciente actualización del informe sobre Venezuela de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la jurista precisó que la situación de varios castrenses es de hacinamiento en centros de detención preventiva o sedes de cuerpos de inteligencia, pese a haber sentencia firme que deben cumplir en cárceles militares.
Asimismo, Pérez Morillo alertó que no se cumple 100% los avances presentados por Bachelet, puesto que hay oficiales a los que se le sigue limitando la visita de familiares y en el caso de la defensa los obligan a estar acompañados por juridicos.
«La Comisionada en su reporte manifestó que su delegación en el país ha podido visitar centros de detención, aún esperamos el seguimiento a la cárcel de Ramo Verde, donde no hay visitas familiares regulares y los abogados debemos estar acompañados de un jurídico, sin privacidad con los detenidos», manifestó.
Ante estos hechos, la profesional del derecho hizo pública, una vez más, el planteamiento de esta organización, de que se instalen mesas técnico-jurídicas entre los representantes de la ONU y todas las ONG que hacen vida en el país, con la finalidad que puedan conocerse y hacerse seguimiento a todos los casos de presos políticos, civiles y militares.