De manera muy acelerada y en tiempo récord, los diputados de la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre conformaron un Comité de Postulaciones Electorales, con el fin de elegir a los nuevos rectores del Poder Electoral.
El Parlamento de tendencia oficialista y que es presidido por Jorge Rodríguez no es reconocido por un importante número de países, entre los que se incluyen Estados Unidos, España, Canadá, Colombia y Brasil. Por lo tanto, todas sus decisiones y las designaciones que realice este Poder Legislativo, también serán cuestionadas.
Ante esta situación, organizaciones especializadas en el tema electoral en Venezuela han rechazado la conformación de este Comité de Postulaciones Electorales debido a que sus integrantes, la gran mayoría de tendencia oficialista, no garantizarían un Consejo Nacional Electoral equilibrado.
En este sentido, Súmate asegura que para volver a tener elecciones libres, competitivas, justas y transparentes en Venezuela es necesario que los poderes públicos y actores políticos se sometan al imperio de la Constitución y leyes de la República, en donde están establecidas explícitamente las reglas para “la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos.”
La ONG, con casi 19 años de labor en la promoción y defensa de los derechos políticos en Venezuela, destaca que una de las primeras condiciones para ello es que los integrantes del organismo que tiene la competencia constitucional y legal de “convocar y organizar elecciones” sean independientes e imparciales en su origen como en su desempeño, tal como lo exigen los artículos 296 de la Constitución de la República y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).
“El proceso a seguir para la designación del nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser abierto al escrutinio público; sin embargo, ha reinado la opacidad y la ausencia de debate nacional en la primera fase cumplida este martes 09 de febrero, con la juramentación del Comité de Postulaciones Electorales (CPE) por parte de los cuestionados integrantes del Parlamento nacional 6D 2020, cuyo origen fue producto de una elección que vulneró y estuvo al margen de los principios y garantías electorales establecidos en la Constitución y leyes de la República”, alerta.
Agrega que esta opacidad en esta primera fase del proceso de constitución del Comité de Postulaciones Electorales resalta al desconocerse, hasta el momento, cuáles fueron las organizaciones de la sociedad civil que postularon candidatos para integrarlo y cuáles fueron los criterios para la selección de los miembros por la sociedad civil. A esto se agrega que hasta la fecha no se ha podido tener acceso al informe final de la Comisión Preliminar del CPE, el cual debió ser publicado en aras de la transparencia que requiere un proceso de gran interés nacional como es la designación de autoridades del Poder Electoral, tal como lo exige el artículo 62 de la Constitución de la República.
“En la constitución del Comité de Postulaciones Electorales, que tiene como función la selección de los candidatos independientes e imparciales a Rectores del CNE, se incumplió con la obligación constitucional de la pluralidad y diversidad exigida en los artículos 295 de la Constitución de la República y 19 de la LOPE, ya que por lo menos 15 de los 21 integrantes del CPE son militantes del PSUV o tienen relación de subordinación con altos funcionarios”, señala.
Precisa que la instancia previa al Comité de Postulaciones Electorales, como fue la Comisión Preliminar, fue conformada por 11 integrantes del cuestionado Parlamento, sin el requerido equilibrio y proporcionalidad. Al revisar su procedencia política se encuentra que ocho de ellos son militantes del PSUV, con un peso de más de 75% en la instancia previa, y el resto representa a partidos minoritarios, entre ellos algunos de los intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“La integración de la Comisión Preliminar tampoco refleja la realidad política nacional, ya que ocho de sus integrantes provienen de la Lista de Adjudicación Nacional (cargos que no existen ni tienen fundamento en la Constitución de la República y que no fueron electos por voto directo), y los otros tres representan a igual número de estados (Anzoátegui, Cojedes y La Guaira), sin gran peso poblacional y electoral. Es oportuno señalar que entre los integrantes de la Comisión Preliminar no hay expertos ni especialistas en la función electoral, y quien la presidió es una persona que proviene del sector militar”, precisa.
Oficialismo a sus anchas
Súmate señala, además, que de los diez integrantes que representan a la Sociedad Civil en el CPE, seleccionados por la Comisión Preliminar y aprobados por el cuestionado Parlamento, hay siete vinculados al PSUV y/o en relación de subordinación en organismos del gobierno nacional.
“Al revisar la hoja de vida de cada una de ellos resalta que dos fueron hasta diciembre de 2020 constituyentes, es decir, provienen del PSUV: uno es rector de una universidad pública y presidente de la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL), afín al gobierno nacional; otro es rector de una universidad privada y a la vez asesor jurídico del Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General de la República; y las personas en representación del sector de los estudiantes, los trabajadores y de los pueblos indígenas también están vinculadas al PSUV y ejercen o han ejercido cargos de en organismos bajo la dirección de altos funcionarios del gobierno nacional”, explica.
La Asociación Civil considera que al actual CPE, el cual a todas luces es parcial y afín a los intereses del gobierno nacional, le será muy cuesta arriba cumplir con la responsabilidad de preseleccionar únicamente a aquellas personas postuladas como candidatos a Rectores del CNE que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 296 de la Constitución de la República y 9 de la LOPE, entre ellos “no estar vinculadas a organizaciones con fines políticos” y tener amplia experiencia o estudios de postgrado en el área electoral o en materias afines.
Reitera la ONG que la designación de los rectores del CNE sin mediar un verdadero consenso entre las fuerzas políticas, con la participación de todos los sectores de la vida nacional y respetando no solo los procesos legales, sino los requisitos constitucionales de imparcialidad de los nuevos rectores, derivaría en un nuevo CNE sin la capacidad política de dar cumplimiento cabal a los principios de imparcialidad, transparencia y participación ciudadana ya aludidos.
Para Súmate, la situación actual demanda, en primer lugar, la conformación de un CNE integrado por ciudadanos con independencia política, solvencia moral y ética, así como también con competencias profesionales y técnicas, que permitan reconstruir la confianza en el sufragio como mecanismo para la resolución de conflictos en democracia y en el voto como espacio de encuentro y de expresión política.
“Si el resultado de este nuevo proceso para la designación de rectores del CNE no logra la constitución de un organismo con estas capacidades y motiva un amplio debate nacional que nos lleve hacia la restitución de las garantías electorales e institucionales asociadas al sufragio, habremos perdido una nueva oportunidad para emprender los caminos que nos conduzcan, en democracia, a la solución de la grave crisis por la que atraviesa la República”, concluye Súmate.
Se debe garantizar la pluralidad
Por su parte, el Observatorio Electoral Venezolano, asegura que es necesario que se garantice la pluralidad en la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral porque, de lo contrario, es poco probable que la población crea nuevamente en el voto para resolver la crítica situación política que atraviesa Venezuela.
“Una autoridad electoral independiente y sin parcialidades partidistas o permisividades de ventajismo es uno de los primeros indicadores de integridad electoral de todo sistema democrático”, sostiene la ONG.
Recuerda que el Comité de Postulaciones Electorales que fue activado por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó estuvo conformado por seis diputados opositores de la bancada de la oposición, cuatro oficialistas que concurrieron a esa instancia a pesar del “desacato” de la AN declarado por el TSJ y un integrante de la directiva de Luis Parra.
“Integraron también ese Comité de Postulaciones diez personas propuestas por distintas organizaciones de la sociedad, entre las cuales destacaban cinco diputados de la ahora extinta Asamblea Nacional Constituyente. Este equipo ni siquiera agotó el procedimiento, que coincidió con el inicio de la pandemia y que luego se frustró con la designación en breve lapso de los rectores por parte del TSJ”, puntualiza.
El OEV señala que la historia del año 2006 se repite, en cuanto a la conformación de un nuevo CNE.
“Más de uno ha recordado recientemente la elección parlamentaria de diciembre de 2005: la oposición no participó alegando falta de condiciones y, con una abstención de 75% de los electores inscritos, el partido de gobierno (MVR) y sus aliados (Podemos, PPT, MEP, PCV y UPV) plenaron los 167 escaño, en un Parlamento unicolor. Este Legislativo enteramente oficialista asumió la tarea de renovar el directorio del CNE de manera total, porque la directiva del órgano comicial de entonces había sido designada por el TSJ, tras declarar omisiones legislativas en la variopinta legislatura anterior”, puntualiza.
Añade que “el 28 de abril de 2006, el entonces presidente de la AN, Nicolás Maduro, juramentó a Janeth Hernández (por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales), Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz (por la sociedad civil) y Germán Yépez (por el Poder Ciudadano) como rectores principales”.
Defensores del proceso
Los diputados de la Asamblea Nacional electos el pasado 6 de diciembre, José Gregorio Correa y Luis Eduardo Martínez, quienes aseguran pertenecer a la oposición venezolana, defienden el proceso activado por el Parlamento.
“Debemos dar señales a los venezolanos, al elector, que el mecanismo de protesta, de expresarse, de apoyo, es el voto, que no existe otro. Esta Comisión tiene el compromiso de comenzar a transmitirle al venezolano la necesidad de que el voto es lo que hace importante la democracia. No existen salidas violentas, invasiones, golpes, lo que existe es el voto”, afirmó Correa, quien además funge como vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales.
Martínez, actual vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, sostiene que “la designación del Comité de Postulaciones Electorales que seleccionará al nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional, integrado por diputados y destacados representantes de la sociedad civil, es un paso muy positivo para la reconciliación en Venezuela que será en paz, dialogando y por la ruta electoral y democrática”.