El anuncio de este lunes del ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, sobre la redacción de una ley que regula el teletrabajo fue recibido con reservas por el movimiento sindical independiente.
«Tanto en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la política laboral se ha caracterizado por la toma unilateral e inconsulta de las decisiones», sostuvo León Arismendi, director del Instituto Nacional de Estudios Sindicales.
El representante del Inaesin destacó que la regulación en materia de teletrabajo debe realizarse dentro del diálogo tripartito con la participación de los trabajadores y sus representantes, los empleadores y el gobierno, como lo dispone la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Arismendi -quien participó en la mesa en negociaciones de la comisión tripartita de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de 1997- indicó que las regulaciones sobre trabajo a distancia adoptadas en países de Europa y Latinoamérica y Estados Unidos se dieron de forma consensuada.
Dichas regulaciones, refirió, fueron impulsadas por la OIT ante las medidas de los empleadores de enviar a los trabajadores a laborar desde sus casas debido a las restricciones de las cuarentenas por la COVID-19.
«En muchos países, las normativas se implantaron rápidamente para atender los requerimientos laborales en medio de la emergencia sanitaria que deja demostrado que el teletrabajo llegó para quedarse», anotó el abogado laboral.
A juicio de Arismendi, la administración de Maduro responde tardíamente ante la necesidad de normar el teletrabajo. Señaló que la LOT vigente solo regula el trabajo a domicilio en sectores como el textil.
El experto precisó que la ley de teletrabajo debe incluir lo relativo a los horarios y jornada laboral y descanso, días libres y vacaciones, además de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la dotación de los equipos (computadoras y teléfonos inteligentes).
Agregó que en el caso de que el trabajador utilice sus propios equipos, el empleador debe compensarlo económicamente, así como pagar el uso de Internet con fines laborales.
Arismendi explicó que el trabajo a distancia incluye a aquellas personas que no requieren ocuparse de manera presencial en la empresa, como los del área administrativa, medios digitales y de comunicación y el sector docente que dicta clases virtuales a los alumnos.
Cuestión de derechos
Servando Carbone, coordinador de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, señaló que muchos empleados públicos que entran dentro del teletrabajo no pueden hacerlo por no contar con una computadora.
«Esto hace que solo 5% de esos trabajadores labore desde sus casas en medio de la pandemia; sin embargo, ellos están desmotivados como consecuencia de los bajos sueldos», dijo.
El dirigente de Fentrasep insistió: «El régimen de Maduro tiene un doble discurso. Por un lado, promete una ley de teletrabajo, la cual es necesaria, pero por el otro lado arrebata a los trabajadores los derechos al empleo decente con salario digno y suficiente, conculca la contratación colectiva y desconoce el derecho a la huelga y la protesta, además de la libertad sindical».
Johnny Magdaleno, directivo de la Federación de Trabajadores de Carabobo, recordó que «con la resolución 2,792 de septiembre de 2018, Maduro -supuesto presidente obrerista- eliminó muchos contratos colectivos y profundizó la política oficialista de eliminar el sindicalismo independiente».
El representante de Fetracarabobo precisó que alrededor de 30% de los trabajadores del sector privado teletrabajan luego de decretarse la cuarentena por el coronavirus.
Explicó que hasta ahora las condiciones laborales para teletrabajan son mediante el acuerdo entre el trabajador y el empleador.
Igual que Arismendi, Carbone y Magdaleno exigen que la discusión y elaboración de la normativa sobre el teletrabajo en Venezuela sea producto del consenso mediante el diálogo social tripartito entre todos los sectores involucrados.