Trabajadores activos y jubilados del sector eléctrico exigieron este miércoles a Corpoelec el pago de las utilidades de fin de año con base en el ingreso integral, la reincorporación de trabajadores con órdenes de reenganche pendientes y la apertura de una mesa permanente de negociación para atender la problemática laboral y las condiciones de funcionamiento de la empresa.
Durante una protesta realizada frente a la sede de Corpoelec, en El Rosal, Alexis Rodríguez, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad del estado Miranda, denunció que desde febrero han enviado cuatro comunicaciones al Ministerio de Energía Eléctrica, a la presidencia de Corpoelec y a la Gerencia de Talento Humano, sin recibir respuesta.
Rodríguez explicó que la exigencia de calcular las utilidades sobre el ingreso integral comprende a trabajadores activos, jubilados, pensionados y sobrevivientes, tomando en cuenta las bonificaciones que reciben por sus labores. También cuestionó que la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico se discutiera sin consultar a los trabajadores, quienes esperan conocer sus implicaciones sobre las relaciones laborales y la eventual incorporación de nuevos operadores.
Por su parte, Oswaldo Méndez, secretario general de los Trabajadores Eléctricos del estado Lara, planteó la instalación de una mesa permanente de negociación que permita abordar tanto las reivindicaciones laborales como la recuperación de la empresa y las condiciones de seguridad de sus trabajadores.
El dirigente informó que, según los registros que manejan las organizaciones sindicales, cuatro trabajadores han fallecido durante este año en accidentes laborales. Asimismo, denunció que existen 26 trabajadores con órdenes de reenganche pendientes desde hace más de cuatro años y que más de 500 han sido afectados por distintas situaciones de bloqueo, exclusión laboral y desvinculación de la empresa.
Méndez también solicitó que las conversaciones con la Gerencia Nacional de Recursos Humanos se desarrollen con participación de las organizaciones sindicales que integran la representación de los trabajadores eléctricos.
En relación con la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico, Alí Briceño, secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica, advirtió sobre sus posibles implicaciones para la propiedad de la industria y los derechos laborales. Rechazó cualquier modificación que suponga la pérdida del recálculo de las prestaciones sociales y sostuvo que estas constituyen el patrimonio del trabajador y su familia al finalizar la relación laboral.
“Nosotros no vamos a entregar las prestaciones sociales”, afirmó Briceño, quien pidió que cualquier cambio sea discutido con los trabajadores y respete los principios constitucionales de intangibilidad y progresividad de los derechos laborales.
Finalmente, Nelson Villegas, presidente de la Asociación de Jubilados de la Industria Eléctrica, solicitó mejorar la cobertura de HCM para los jubilados de Corpoelec y planteó la necesidad de revisar el funcionamiento de FARME para garantizar una atención adecuada a este sector.
También cuestionó que la empresa no suministre información precisa sobre la cantidad de trabajadores activos y jubilados. Según estimaciones mencionadas durante la protesta, Corpoelec tendría entre 34.000 y 36.000 trabajadores activos y entre 10.000 y 12.000 jubilados, cifras que no cuentan con confirmación oficial.