España fortalece su regulación a Bitcoin, otras criptomonedas y empresas que prestan servicios asociados a estas, con un nuevo Real Decreto-ley. La normativa alinea las regulaciones locales con disposiciones europeas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El decreto, publicado este miércoles 28 de abril en el Boletín Oficial del Estado, incorpora a las disposiciones españolas la normativa europea denominada Directiva 2018/843 (conocida como AMLD5).
Con ella, ahora las empresas que presten servicios asociados con criptomonedas deberán estar registradas y supervisadas por las autoridades españolas, al ser incluidas como «nuevos sujetos obligados».
Las empresas que presten servicios de intercambio de criptomonedas por dinero fíat o la custodia y monederos tendrán que compartir datos de sus clientes e informar sobre «actividades sospechosas» de ellos. Es decir, que la norma abarca a exchanges, fondos de inversión y custodios de Bitcoin y otras criptomonedas.
Además, se anunció la creación de un sistema de registro único que contará con la data de los usuarios de estos servicios, con información del Registro Mercantil. Estos datos serán cruzados con registros de otros países de la Unión Europea con «acceso público ya no limitado a sujetos obligados y autoridades».
Este registro y la obligatoriedad de compartir datos con otras jurisdicciones europeas fue definido desde que la Unión Europea aprobara la actual legislación regulatoria en 2018, como reportó CriptoNoticias en ese momento.
La disposición llega a España después de lo previsto, pues para entonces la Unión Europea estableció un plazo hasta 2020 para la interconexión de los países europeos que deben compartir información de sus clientes a través de una plataforma central para la región.
Con información de Criptonoticias