Las llamadas estructuras de Estado catalanas han recibido este jueves un duro varapalo del Tribunal Constitucional, que ha anulado por unanimidad la mayoría de leyes que las promovían y ha obligado a reinterpretar el resto. La más importante de las normas fulminadas es la que preveía poner en marcha en el plazo de un año la Agencia Tributaria de Catalunya.
En una sentencia muy compleja, los magistrados también han declarado inconstitucionales el plan director relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario; la creación del Servei Meteorològic de Catalunya y la limitación para el establecimiento de grandes establecimientos comerciales en puertos públicos. Sí han avalado, siempre y cuando se interpreten como determina el fallo, las disposiciones que prevén la elaboración de un inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Catalunya y la creación de una agencia catalana de protección social.
