Las esposas y familiares de 17 ex trabajadores petroleros venezolanos que fueron detenidos hace dos años, presuntamente por cometer actos delictivos contra la industria según el Fiscal Tarek William Saab, denunciaron que a estas personas no se les ha cumplido el debido proceso y solicitan que su caso sea estudiado por la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien llega a Caracas para conocer la situación de los presos políticos y denuncias de torturas cometidas por organismos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.
Es evidente que nuestros esposos y todos los trabajadores de PDVSA que fueron detenidos son presos políticos, sostiene la abogada Carol Piña, esposa de Adolfo Torres, quien fue gerente general de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA en el área centro occidental. Las audiencias han sido diferidas 16 veces y se están violando todos los derechos, incluso de salud porque hay varis que afrontan enfermedades crónicas que no han podido ser atendidos y se les ha prohibido las visitas, acotó.
Piña recordó que el primer grupo de detenidos ocurrió a principios de septiembre de 2017 cuando se hizo una convocatoria a parte de estos trabajadores a participar en una videoconferencia con la directiva de PDVSA en el Salón Simón Bolívar en la sede de la empresa en Caracas y sorpresivamente fueron aprehendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Otra de las esposas que participó en la conferencia de prensa fue Onervy Graterol, cuyo esposo Juan Carlos Barreto se desempeñaba como gerente de Coordinación Operacional en PDVSA Occidente, cargo en el que apenas tenía 4 meses.
Los señalamientos sin fundamento que ha hecho la Fiscalía parte de imputar acciones de sabotaje petrolero y de disfrazar cifras de un crudo que nunca se sacó, dijo Graterol. Nos encontramos en el limbo, no queremos que el caso de nuestros esposos entren en la polarización política pero tuvimos que dar la cara porque se no se están cumpliendo derechos básicos, no permiten que les llevemos alimentos, añadió.
Indicó que la mayor parte de este grupo está detenido en el Centro Penitenciario de Tocuyito, en el estado Carabobo y denunció que la Fiscalía ha señalado que hay alrededor de 100 detenidos que laboraron en PDVSA pero algunos han sido liberados bajo la presión de declararse culpables.
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