Estados Unidos podría autorizar embargo de Citgo

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Estados Unidos podría otorgar a los tenedores de los bonos de Pdvsa 2020 autorización para embargar y tomar su colateral -que representa 50,1% de Citgo Holding- a pesar de que las sanciones normalmente bloquearían tales transacciones, asegura un informe de la firma Redd.

Sin embargo, según explica el informe, las licencias a las sanciones no tienen mucha importancia en el mundo real porque los tenedores de bonos están bajo la orden de la corte de no realizar ninguna ejecución durante las apelaciones que se llevan a cabo por el caso.

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Hay que recordar que Juan Guaidó, presidente interino reconocido por Estados Unidos, demandó la anulación del bono y después de perder el caso decidió apelar. Ese proceso ha seguido su curso y se espera la decisión.

Según información publicada por Redd, el 21 de julio dejaría de estar en vigor una la licencia autorizando la venta del colateral. Sin embargo, la suspensión de la juez continua vigente y además los ciudadanos estadounidenses todavía tienen prohibido efectuar transacciones para obtener sus colaterales.

Al respecto Redd asegura que los “tenedores del bono de Pdvsa por 1,68 millardos de dólares a 8,5%, con vencimiento en 2020, pueden recibir una licencia mañana permitiéndoles tomar posesión y vender el colateral según la opinión de dos abogados”.

Ahora bien, la medida podría no tener efecto real mientras la ejecución del colateral esté congelada por una orden de la corte, aseguró uno de los abogados, también citado por Redd.

“Si se permite que la licencia tome efecto sería la primera vez que Estados Unidos hace más fácil embargar una propiedad de Pdvsa en manos del gobierno interino reconocido de Juan Guaidó”, señala el informe. Esto también podría ser un signo del cambio de la administración de Joe Biden con relación al gobierno de Donald Trump, pues sería la primera vez el actual presidente de Estados Unidos permite que una orden relacionada con Venezuela caduque.

En el informe de la firma Redd se indica que Estados Unidos inicialmente emitió la GL5 el 19 de julio de 2018. En octubre de 2020, después de que Estados Unidos reconociera a Guaidó, emitió GL 5A, que retrasó la fecha de vigencia de la licencia hasta el 22 de enero de 2020.

“La oficina de sanciones de Estados Unidos, conocida como la OFAC, actuó cinco días antes de que la licencia tuviera efecto. La OFAC emitió la GL 5B, retrasando la fecha de vigencia. Desde entonces, ha emitido nuevas versiones de la GL 5, al menos una semana antes de que la licencia entre en vigencia, retrasando la fecha varios meses. La presente, la 5F, fue emitida en diciembre y su fecha de vigencia es mañana, 21 de julio”, agrega.

La firma Redd, además, hace referencia a lo señalado por un inversionista: “Si deja que las sanciones caduquen, esto podría ser una manera ´elegante´ para que la administración Biden se aleje de la línea dura de la administración Trump”.

El documento sostiene que “incluso con una licencia que permite apoderarse de la propiedad de Pdvsa, los tenedores de bonos no podrán actuar porque la ejecución está prohibida actualmente por la juez de distrito de Estados Unidos, KatherinePolk Failla”.

Agrega que, en octubre de 2019, PDVH controlada por Guaidó demandó en un tribunal federal de Nueva York para anular el bono de 2020. Failla falló en contra de PDVH en octubre de 2020.

PDVH apeló y el 29 de diciembre y obtuvo una orden de Failla según la cual «se justificaba una suspensión parcial para que PDVH tuviera la oportunidad de presentar la apelación». Ella dijo que estaba en su poder “proteger el statu quo” y que los tenedores de bonos estaban protegidos y tendrían acceso al colateral una vez que se levantaran las sanciones.

“Si la GL5 entra en vigencia, solo proporciona una exención de una cláusula en la orden de sanciones de Estados Unidos, aquella referida a la ejecución del colateral. Esto no parece afectar la prohibición en una negociación más amplia de activos y bonos de Pdvsa”, advierte la firma.

Puntualiza que eso podría significar que, en caso de ejecución, a los administradores de activos de Estados Unidos se les prohibiría comprar las acciones subastadas.

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