La Unión Europea impuso sanciones a siete funcionarios de las fuerzas de seguridad e inteligencia venezolanas, específicamente de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por considerar que están implicados en violaciones graves de los derechos humanos (DDHH).
Cuatro de los sancionados tuvieron vinculación con la muerte del capitán Acosta Arévalo, y pertenecen a la DGCIM: Rafael Ramón Blanco, Rafael Antonio Franco, Alexander Enrique Granko y Hannover Esteban Guerrero.
Las sanciones también son para Néstor Blanco, de la Guardia Nacional Bolivariana; Alexis Enrique Escalona, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro; y Carlos Calderón, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ?por presunta violaciones de derechos humanos.
En este sentido, Federica Mogherini, alta representante comunitaria para la Política Exterior, señaló que este tipo de sanciones selectivas, que afectan por el momento a 25 personas en total a las que se les impide viajar a la UE y se les congelan sus bienes en suelo europeo, no afectan a la población y pueden revertirse si hay progresos hacia la restauración de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela.