Nuestra Constitución, en su artículo 102, define a la educación como un derecho humano y un deber social fundamental. La educación es clave para el progreso social y la búsqueda de mejores oportunidades, y también nos permite alcanzar una mejor calidad de vida. Es obligación del Estado garantizar a los venezolanos una educación de calidad, gratuita y en igualdad de condiciones para todos.
Sin embargo, en los últimos años hemos visto una clara disminución en la calidad educativa impartida en nuestro país, como consecuencia de malas políticas públicas que no tienen la intención de garantizar los derechos de los venezolanos. Así, han surgido una infinidad de problemas que afectan a estudiantes y profesores por igual.
La deserción escolar entre niños y adolescentes se ha convertido en uno de esos problemas, grave y estructural, en materia educativa en el país. De acuerdo al estudio del Diagnóstico Educativo de Venezuela 2021 (DEV), la población estudiantil de primaria y bachillerato se redujo de forma dramática de 7,71 millones a 6,5 millones. Hablamos de más de un millón de jóvenes que se han visto en la necesidad de abandonar sus estudios en los últimos 3 años.
La emergencia humanitaria compleja es responsable directa del recrudecimiento de esta situación. Muchos niños y adolescentes se han visto obligados a dejar sus estudios para empezar a trabajar de manera informal. En muchísimos hogares no hay dinero suficiente para poder comer 3 veces al día y buscar ingresos por cualquier vía posible se ha convertido en una prioridad. En otros casos, los útiles escolares y uniformes para asistir a clase, son tan costosos que no queda otra vía más que retirar a los niños o mandarlos a las escuelas menos veces de lo debido. Existen familias que eligen entre sus hijos a cuál enviar a estudiar porque no hay suficiente dinero para la educación de todos.
En un país cada vez más empobrecido y con grandes problemas de infraestructura e instituciones, la educación es vista como un lujo que pocos pueden tener. Los colegios y liceos se caen a pedazos, no hay servicios básicos que faciliten la educación y hay cada vez menos docentes por los bajos salarios.
El título de bachillerato ya no es atractivo para muchos porque tenerlo no garantiza oportunidades para todos. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Juventud 2021, entre 2013 y 2021 la reducción de oportunidades se refleja en un aumento de la doble exclusión: jóvenes que ni estudian ni trabajan. Este grupo aumentó del 23% a un alarmante 37%. Esto no se debe a que los jóvenes sean flojos, todo lo contrario, la juventud quiere echar para adelante, pero la situación país les ha cortado las alas y los hunde cada día más.
Esto también explica el porqué de los venezolanos que emigraron en los últimos 5 años, el 51% eran jóvenes de 15 a 29 años. A la larga, esto va a acarrear grandes problemas. No contaremos con una generación de relevo lo suficientemente preparada y educada para afrontar los problemas sociales del país y poder lograr el progreso social necesario para salir de la pobreza.
Los jóvenes son el futuro de la nación y ahora mismo, con el país que tenemos, sienten que se están quedando sin futuro propio. Recuperar la institucionalidad en el país no es necesario solo para el hoy sino para ese futuro que nos asegure desarrollo, estabilidad y prosperidad. La educación no solo es un derecho, es una necesidad. Hoy más que nunca debemos unirnos para hacer frente al autoritarismo y recuperar el país que tanto queremos y tener las oportunidades que todos merecemos.