Unos 900 indígenas de 14 comunidades diferentes han huido del municipio Gran Sabana hacia Brasil, luego de la masacre ocurrida el 22 de febrero producto de la represión del gobierno de Nicolás Maduro contra el pueblo pemón, que exigía el ingreso de ayuda humanitaria y que dejó 7 pemones asesinados, 42 heridos y 58 detenidos.
Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, explicó que el éxodo se debe no solo por la crisis económica y humanitaria, sino también por la persecución de grupos civiles armados que se dedican a la explotación del Arco Minero del Orinoco y por el amedrentamiento político.
Más de 900 indígenas pemones han sido desplazados hasta Brasil producto del miedo, de la amenaza que tienen, aseguró Ortiz durante la rueda de prensa ofrecida este 29 de abril en Caracas.
Puntualizó que 800 de esos indígenas se desplazaron al asentamiento en Brasil, Tarau Peru, y los otros 100 se repartieron entre las comunidades Bananal y Sakau Mota, ubicados también en el país vecino.
Según el defensor de derechos humanos, estos venezolanos llegaron a territorio brasileño en calidad de refugiados, y advirtió que es alarmante que 40% de los 900 indígenas son menores de edad.
De acuerdo con Ortiz, la mayoría de estas personas se dedicaban a actividades turísticas como medio de sustento, pero tras la persecución en su contra han debido abandonar sus empleos, el turismo local y hasta a sus familias.
Informó que las violaciones a los derechos humanos de estas personas fueron elevadas a la Procuraduría Federal de Roraima, donde hay un expediente abierto para investigar estos hechos.
Denunció, además, que el municipio Gran Sabana está completamente militarizado. Sobre la presencia del ELN en la zona dijo que desde el 22 de febrero se produjo un quiebre que ha generado una aparente retirada de este grupo irregular.
Antonieta La Rocca
El director de la director de la ONG, Foro Penal, Alfredo Romero, informó que desde enero de 2019 contabilizan 775 presos políticos y 1.683 arrestos y desde 2014, más de 14 mil 600 privados de libertad. Aclaró que de esos más de 14 mil, 8mil tienen medidas restrictivas.
Indicó que dde los 1.683 detenidos, mil fueron privadas de su libertad por estar asociados a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Repudió que funcionarios de la DGCIM usen el inframundo para torturar a los privados de libertad que se encuentran en la sede de Boleíta.
