El pasado miércoles, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó el uso de divisas como moneda de cuenta o de pago en los contratos. Al respecto, Alí Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, organización que divulgo en redes sociales la decisión del máximo tribunal, explicó que se trata de una medida favorable que “da cobertura legal a lo que ya era una práctica, es decir, que los contratos no solo se puedan pactar en dólares, sino que se puedan pagar en dólares”
“Puede parecer una obviedad, pero no lo es porque el marco normativo vigente hasta esta decisión de la Sala de Casación Civil, era que se pueden hacer contratos en dólares, pero si la parte acreedora quería pagar en bolívares al tipo de cambio del día, también lo podía hacerlo”, indicó Daniels.
La nueva decisión de la Sala de Casación obliga a quien debe cancelar contratos a cumplir con lo establecido, en cuanto a formas de pago, en el mismo: “Si las partes indican que solo se debe pagar la creencia en dólares, esa estipulación de que la moneda de pago debe ser exclusivamente la divisa norteamericana es perfectamente legal”.
Juan Fernández, abogado especializado en Derecho Tributario, agregó que “todos los contratos que se realicen en moneda extranjera tienen validez, ya que antes era un problema porque no se podían hacer contratos ni pagar ni cobrar o comprar en divisas, de manera de mantener la moneda en curso legal”.
Admitió que, en vista de la dolarización de la economía venezolana, el tribunal “está flexibilizando sus decisiones.” “El TSJ también sacó que se pueden pagar las prestaciones en dólares. Las personas que cobran sus salarios en dólares, las bonificaciones entran en esta nueva decisión, no como antes que las pagaban con base al sueldo mínimo y ya”.
¿Moneda de cambio?
Ambos juristas explicaron que la sentencia aclara que, si el contrato dice expresamente que el pago se hará en dólares, eso debe mantenerse. “No como ahora que puedes pagar una parte en dólares y otra en bolívares, al precio del cambio del momento”, indicó Fernández.
La sentencia contenida en el expediente N° 2020-000164, dictada por la magistrada Marisela Godoy, deja en evidencia lo que se ha estado practicando en el Tribunal Supremo de Justicia, con anterioridad, a juicio de Daniel: “Una cosa es lo que ha venido ocurriendo en la práctica y otra cosa es que el Tribunal Supremo ahora diga que es algo perfectamente legal, que incluso puede ser incorporado en los contratos”.
“De hecho, en otras áreas del Poder Judicial se estaban recibiendo y aceptando demandas en dólares, pero en todos los casos se estaban aceptando también que fueran pagadas en bolívares al tipo de cambio del día. Ahora la sala agrega que, si se estipula que el tipo de pago es en dólares, esto es así y esta es la novedad de esta decisión”, agregó el abogado.
Fernández considera que “las implicaciones legales es que ya la gente puede hacer contratos en montos dolarizados sin ningún tipo de problema, como la compra y venta de carros o arrendamiento de inmuebles, ya no hace falta hacer escenarios falsos en bolívares”. “Me parece que es una buena decisión, no lo veo mal”, agregó.
¿Dolarización en puerta?
Para Fernández, se trata de una medida “para hacer más fáciles las transacciones y acuerdos en el país”. No lo ve como una dolarización. “Banco Central, como ente de la política monetaria en el país, debe pronunciarse al respecto, pero eso no va a pasar”, apuntó.
Daniels opina lo contrario: “Efectivamente, es un paso más hacia la dolarización, pero hay que recordar que es una dolarización parcial porque solamente abarca algunos aspectos de la economía. Los más necesitados, que son los pensionados, no tienen ingresos en dólares. Lo mismo ocurre en el caso de los funcionarios públicos. Es muy grave la situación del sector sanitario y universitario, donde los salarios son en bolívares y además a unos equivalentes, realmente, miserables”.
Detalló que se está dolarizando es la economía de servicios y bienes. “Lo que tiene que ver con los pensionados, la dolarización no ha ocurrido. Ahí se demuestra una enorme hipocresía de decir que se está dolarizando. Ese mismo procedimiento, no lo aplica el gobierno para pagar las pensiones. Este sector es, precisamente, el más afectado por la dolarización al no tener ingresos en divisas. Esto supone una enorme carga que no pueden afrontar”.