El pasado jueves 14 de abril, 25 figuras -que incluían a representantes del sector privado y la sociedad civil, entre ellos periodistas, economistas, empresarios, activistas sociales y académicos- dirigieron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como a altos funcionarios estadounidenses.
En la misiva destacaron la importancia de rescatar la negociación política, para lo cual proponen que se retomen las conversaciones en México, y la posibilidad de flexibilizar las sanciones generales impuestas a Venezuela, dado el impacto adverso que han tenido en la población y en el país en general.
Sin embargo, la carta fue duramente critica, en especial por quienes apoyan al llamado gobierno interino de Juan Guaidó. Aseguran, entre otros puntos, que de flexibilizarse las sanciones el principal beneficiado sería Nicolás Maduro y su gobierno. Sin embargo, los firmantes de la carta han afirmado que las sanciones lejos de ayudar a la situación en el país, empeoran la economía nacional y la emergencia humanitaria.
“Los efectos de las sanciones se han ido exacerbando”
“Hablar de sanciones a favor o en contra me parece una discusión un tanto errada. Para mí, el verdadero debate es cómo usarlas para conseguir dos objetivos: que se restaure la negociación en México y cómo relajar aquellas que pudiesen estar afectando la crisis humanitaria que, sin duda, tiene un causal directo en las políticas económicas del chavismo y en el desmontaje de la división de poderes y el funcionamiento del Estado de Derecho”, aseguró Michael Penfold, politólogo, experto en políticas públicas y planificación estratégica y uno de los firmantes de la carta.
Es de la opinión que los efectos de las sanciones “se han ido exacerbando en la medida que el conflicto político venezolano se ha extendido en el tiempo y el chavismo se ha ido adaptando a ellas, mientras que una parte mayoritaria de la población ha quedado muy expuesta. A mí me parece evidente que el chavismo muy probablemente no restaure México sin una propuesta clara en ese sentido y la oposición si utiliza las sanciones como condiciones ex-ante para determinar los resultados de la negociación ex-post, entonces, le resta flexibilidad a cualquier acuerdo posible”.
Agregó que una decisión de este tipo podría favorecer una negociación. “En el fondo, estamos entrampados y eso exige que ambas partes acepten que restaurar México pasa por dar señales creíbles en esa dirección. El chavismo también debe hacer un gesto similar, que es dar una señal que está comprometido a abrir un espacio político para esa discusión, incluso con sus enemigos políticos, que pasa por liberar a los presos políticos; sobre todo ahora que ha aceptado la apertura de una oficina por parte de la CPI”.
“No se está pidiendo aliviar las sanciones a personeros del oficialismo”
“En la carta que fue pesentada, no hay absolutamente ninguna propuesta de aliviar las sanciones a personeros del oficialismo por parte de Estado Unidos. Esta es una carta que recomienda acelerar y consolidar el proceso de negociación política entre la oposición, el gobierno de Maduro y Estados Unidos, fundamentalmente porque Estados Unidos es el que tiene algo que colocar sobre la mesa distinto a Maduro. Es el que puede intercambiar cosas con Maduro”, dijo Luis Vicente León, presidente de Datanalisis y también firmantes de la misiva.
El economista aclaró que las sanciones a las que aluden en la carta son las sectoriales, económicas, petroleras y financieras. “Es posible que eso pudiera brindarle algún tipo de alivio a Maduro, pero a ti también, a la población también y, sobre todo, a la población que tiene una crisis humanitaria y que requiere de atención a sus problemas. Por otro lado, la propuesta no es aliviar o levantar sanciones sin pedir algo a cambio. Se está pidiendo quid pro quo en esa carta. De manera explícita se dice que para poder hacer eso tienes que dar un intercambio de elementos políticos: presos políticos, instituciones, elecciones, etcétera. Por tanto, en ese intercambio también recibes un montón de cosas que son importantes para tu lucha en el futuro”.
Con respecto a los que insisten en que flexibilizar las sanciones daría oxígeno a Maduro y otros funcionarios de su administración, León aseveró que “es importante entender que el gobierno venezolano no está sin oxígeno. El gobierno venezolano controla el poder, controla el territorio, no está frente a ninguna amenaza creíble en este momento. Quien tiene una situación mucho más compleja y difícil es la población venezolana, que tiene impactos negativos de una estrategia de aislamiento y sanción que no ha logrado sus objetivos. Pero tampoco se está colocando en la mesa adecuadamente para provocar negociaciones y soluciones a los problemas del país”.
Explicó que una negociación es “un intercambio” y, por lo tanto, “Maduro va a pedir algo que él quiere, que a él le conviene. Eso es negativo porque si tú consideras que no le puedes entregar algo a Maduro, entonces, no negocias. ¿Pero eso significa que tienes la fuerza para provocar el cambio sin negociar? ¿Qué has demostrado los últimos 23 años de revolución, sin haber tenido ninguna posibilidad de provocar un cambio? Es obvio que la estrategia no ha funcionado. Es obvio que hay que buscar alternativas. Es obvio que la negociación política es un intercambio de cosas que, eventualmente, les interesen a las partes”.
Para León, “no puedes comparar la sanción como si hoy la situación fuera positiva. Hoy el statu quo es que Maduro controla el país. Hoy el statu quo es que la población está más afectada que nunca. Hoy el statu quo es que Maduro no tiene una amenaza creíble. Hoy el statu quo es que Maduro hace lo que le da la gana con la industria petrolera venezolana y cobra el 100% de lo que se exporta. Entonces, quién se alivia, de qué se alivia”.
Aseveró que si en una negociación política se logra el rescate completo de la democracia en Venezuela, “claro que quiero que se quiten todas las sanciones. Para qué necesitamos las sanciones si se puede negociar. Pero es obvio que no tenemos la fuerza o el poder para poder lograr eso. Por eso estamos hablando de intercambiar sanciones a cambio de cosas que puedan ser importantes para la población, partiendo de la realidad de que la oposición no está en una posición relevante para amenazar la estabilidad del gobierno en Venezuela”.
“La idea es avanzar en la posibilidad de tener diálogos”
Por su parte, el presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reyna, quien también respaldó la carta con su firma, detalló que la flexibilización de las sanciones tiene que ver con aquellas referidas a los temas financieros y petroleros y, en algunos casos, a las “que no conducen a apoyar las negociaciones políticas que tienen que tener lugar para avanzar en algunos cambios políticos e institucionales en Venezuela”.
“Me refiero, por ejemplo, a las sanciones secundarias sobre el intercambio de petróleo por diésel. Si uno mira su impacto, no tiene ninguno sobre la posibilidad de promover el diálogo político y los cambios que nos hacen falta, pero sí afectan y golpean a sectores de la población venezolana que no deberían ser objeto de estas medidas, como los transportistas”, agregó.
Insistió en que en la misiva no se habla de “un levantamiento como tal, sino de una flexibilización o, como yo mismo oí nombrar en Estados Unidos, de recalibrarlas en el sentido de analizar cuál es su objetivo. Si el objetivo es avanzar en la reconstitución institucional del país, entonces, esas son parte de las negociaciones. Pero otras no tienen ningún impacto allí, sino sobre la población y esas, para mí, deberían ser levantadas de manera urgente”.
Sobre los ataques que han recibido por el contenido de la misiva, Reyna aseveró que “al final la idea es avanzar en la posibilidad de tener diálogos de altísimo nivel para que el país pueda reencontrar su camino democrático, institucional, de garantías de derechos, en lo electoral, en los temas de justicia. ¿O es ahogarlo? Y con ese ahogue te llevas también por delante a sectores de la población que -no por las sanciones porque sin duda los daños son previos a las sanciones- han visto su vida afectada porque algunas sanciones, dependiendo del tipo, exacerban la situación de daño social”.
Advirtió que hay sanciones que podrían impedir la entrada de “recursos a un fideicomiso, como parte del plan de respuesta humanitaria nacional, que alivien las necesidades de la población, como la reconstrucción de la red hospitalaria y las escuelas públicas y la provisión de servicios como electricidad o agua”.
Reyna aseveró que, si esos recursos tienen sus mecanismos de rendición de cuentas, es posible que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población. “No olvidemos que, así como hay un pequeño porcentaje de la población que está viviendo mejor, 70% de los venezolanos siguen viviendo en condiciones verdaderamente difíciles, exigentes y a quien no alcanza ningún tipo de alivio de esas condiciones. Lograr esos acuerdos para que entren recursos en áreas específicas podría generar una condición de alivio a esa situación”.