El Gobierno de Nicolás Maduro prorrogó la inamovilidad laboral para los trabajadores de los sectores público y privado por dos años, considerando que es necesario para preservar el empleo.
Según el decreto presidencial N° 4.753, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.723, publicada el pasado 20 de diciembre, la inamovilidad laboral regirá desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive.
El artículo 2 igualmente señala que «los trabajadores amparados por este decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin causa justa calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 422″, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT).
El artículo 3 prescribe que cualquier trabajador que sea despedido, sufra alguna desmejora salarial o de cualquier otra condición laboral, o sea traladado sin causa justa previamente calificada, tendrá 30 días continuos de plazo para denunciar la irregularidad ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción, con derecho a solicitar reenganche, pago de salarios caídos y cualquier otro beneficio afectado de acuerdo con lo establecido en el artículo 425 de la LOTTT.