En un comunicado del Gobierno interino de Venezuela, emitido este jueves 13 de octubre, se informa que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos reconoció «las posibilidades jurídicas de la argumentación venezolana», respecto al juicio instaurado por Pdvsa (ad hoc) y la Procuraduría Especial, designadas por esa administración; para que se declare la nulidad de los Bonos Pdvsa 2020 y la garantía prendaria constituida sobre el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, propietaria de Citgo.
Dice el documento que se estima que este proceso de “certificación” (suerte de consulta, pero con intervención de las partes) a la Corte de Apelaciones del Estado de New York, para que esta se pronuncie sobre la aplicabilidad de la ley venezolana para resolver el asunto «pueda extenderse hasta mediados o finales de 2023, por lo que se mantiene la suspensión de ejecución de la garantía sobre las acciones de Citgo».
Esta decisión, para el gobierno interino, «pone en evidencia la fundamental importancia del seguimiento de los procesos judiciales en defensa de los activos del Estado venezolano en el extranjero, a pesar de que algunos factores de la Asamblea Nacional, bajo argumentos baladíes y proponiendo que no se deben atender los juicios, se han negado hasta ahora a aprobar los fondos necesarios para continuar con dicha defensa, afectando otros importantes casos, como el que se sigue para la nulidad del laudo dictado (ante el Ciadi) en contra de la República por parte de la empresa Conoco, por más de 8.5 mil millones de dólares».
Como se recordará, en este caso, la demandante Pdvsa (ad hoc) solicitó que se declare la nulidad de los referidos Bonos y su garantía por tratarse tal operación de un “contrato de interés público nacional” que requería de la autorización previa y expresa de la Asamblea Nacional por mandato de los artículos 150 y 187.9 de la Constitución Nacional.
El juicio se sigue en las Cortes del Estado de Nueva York, y el 16 de octubre de 2022 se dictó decisión de primera instancia que declaró sin lugar la demanda y ordenó a Pdvsa el pago de los Bonos por la cantidad de US$ 1.924.126.058, o en su defecto, la ejecución de la garantía prendaria.
Esta resolución fue apelada por Pdvsa (ad hoc) por contener «importantes inconsistencias legales y argumentativas», especialmente, porque el tribunal de primera instancia no aplicó la ley venezolana que debería regir lo relativo a la validez de la emisión de los mencionados Bonos.
Fuente: Nota de prensa de la Procuraduría del Gobierno interino