El Grupo Internacional de Contacto (GIC) sobre Venezuela, luego de sostener una reunión en la ciudad de Quito en Ecuador, rechazó la decisión del Contraloría General de Venezuela de inhabilitar a Juan Guaidó de ejercer cualquier cargo público por 15 años.
Esa decisión política que no considera el debido proceso es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país. La restauración de la democracia, Estado de derecho y separación de poderes es urgente. Estas acciones menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela, asegura la declaración ministerial del encuentro.
También expresan su preocupación por la detención de Roberto Marrero y la delicada situación sobre los derechos humanos en Venezuela.
El GIC expresa su mayor preocupación por la magnitud y gravedad del impacto de la actual crisis en los derechos humanos, conforme reportó la Alta Comisionada de las NNUU para los Derechos Humanos en su más reciente informe sobre la situación en Venezuela. El arresto de Roberto Marrero exacerba una situación ya de por sí tensa. El Grupo hace un llamado a la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos. Los líderes políticos, defensores de derechos humanos y periodistas deben poder desempeñar su labor libre de todo tipo de intimidación, incluyendo aquella de los grupos armados ilegales. La inmunidad parlamentaria de todos los miembros de la Asamblea Nacional debe ser respetada, expresan.
Los funcionarios reafirman que la grave crisis que afecta a Venezuela solo puede tener una solución política, pacífica, democrática y entre venezolanos, excluyendo el uso de la fuerza, a través de la celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles tan pronto como sea posible.
En cuanto a la ayuda humanitaria, piden que se respete el carácter de imparcialidad, neutralidad e independencia que tiene el proceso.
El Grupo toma nota de los pasos adoptados para facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias y hace un llamamiento a mayores acciones para permitir el establecimiento de más organizaciones humanitarias y asegurar el acceso sin restricciones a grupos y áreas vulnerables en el país, exhortan.
Proceso electoral
De acuerdo con los resultados y conclusiones del grupo de trabajo sobre el proceso electoral presidencial que se debe llevar a cabo en Venezuela, el mismo debería incluir un acuerdo entre todos los actores relevantes, sobre la base de una hoja de ruta acordada.
Este acuerdo debe incluir la reinstitucionalización de las instituciones clave del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Justicia y las instituciones del poder ciudadano. La constitución de garantías para que todos los posibles candidatos y partidos políticos puedan participar. Una actualización completa del registro electoral, incluyendo a los votantes jóvenes y a los venezolanos en el exterior. Enmienda del marco legal electoral para permitir el despliegue de misiones internacionales de observación electoral.
Aseguran que el GIC, si fuera requerido, está preparado para asistir en el futuro a un proceso electoral a través de medidas de fomento de la confianza como el despliegue y apoyo de misiones de observación electoral, auditoría electoral internacional de los sistemas ICT y/o del registro electoral revisado, y cualquier otra acción de apoyo que pudiera considerarse necesaria para implementar un acuerdo que dé lugar a elecciones libres, creíbles y transparentes.
Este proceso podría beneficiarse de un adecuado conjunto de condiciones políticas, económicas y sociales, el que también jugaría un rol en la estabilización del país. El Grupo insta a las autoridades a dar pasos concretos que permitan al país moverse en esta dirección, sostienen.
Finalmente, anuncian que el próximo encuentro se realizará en Costa Rica el próximo mes de mayo.
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