Una vez más, Guatemala se convierte en un laboratorio social y político. Así como ha sido utilizado como campo para experimentos médicos, sociales y políticos, ahora el país camina hacia un momento en que se probará si funciona la manipulación del poder desde sus cimientos.
Me explico: como muchas otras naciones, a mi país le toca elegir autoridades dentro de pocas semanas. Apenas el 18 de marzo comenzó la campaña política bajo una serie de condiciones legales cuyo signo es la restricción a la propaganda y la mordaza a los políticos. Limitaciones al financiamiento, persecución previa a quienes en el pasado reciente apoyaron a los partidos en su gestión proselitista, restricciones a la gestión periodística y una serie de condiciones castrantes enmarcan ésta como una campaña en la cual algunas organizaciones que vienen del pasado podrán competir en gran ventaja.
Cualquier violación a las condiciones anteriores implica descalificación, prisión o sanciones severas. Los organismos controladores del proceso y de la gestión pública están cooptados por seguidores de al menos, dos grandes grupos, y han logrado que esos entes administradores de la cosa pública, se muevan caprichosamente a favor de esas dos opciones.
Es innegable que cuando menos desde el papel, los principios tutelados por las reformas recientes a la ley electoral y de partidos políticos son justificables. Sin embargo, en la práctica y aplicándolos al momento actual, esas reformas hacen poco menos que intransitable el camino a partidos y candidatos emergentes porque les prohíben tácitamente darse a conocer, criticar y proponer sus ideas al elector. Le ley establece un límite para gastos de campaña; sanciona toda publicidad que el tribunal electoral no apruebe y además, limita su colocación en los medios; limita a 90 días el período de proselitismo y castiga a los medios masivos de comunicación y a los medios sociales si su contenido se puede calificar como propagandístico.
Estas condiciones deberían fortalecer la democracia. Al menos, esa es la idea propuesta. Pero en realidad, asfixian derechos ciudadanos y amenazan a la sociedad guatemalteca, limitando las opciones e induciendo mañosamente el comportamiento del votante. Sólo tomen notas, amigos de la comunidad internacional: ni siquiera está permitido usar redes sociales para difundir contenidos ni propuestas, porque según las autoridades responsables, ni Facebook ni otras redes sociales se inscribieron como canales de comunicación para el proceso electoral.
Nadie sabe hoy si las modificaciones que instalaron al sistema electoral guatemalteco fueron taimadamente articuladas. Quizá. Pero lo cierto es que ambas opciones tienen un factor en común: son de pensamiento liberal, izquierdistas, antimilitaristas y antiempresariales y hasta antiimpreiales, que desde hace años han ocupado posiciones para instrumentalizar la justicia y la comunicación como elementos de coacción política.
Es difícil predecir un buen futuro para la nación. El panorama pinta altos riesgos para la democracia porque se ha prostituido su esencia. Las reglas se acomodaron inescrupulosamente para generar condiciones que posibiliten el triunfo de una de las dos opciones. Dejaron sin oportunidad a los electores, que deberán elegir entre una veintena de desconocidos forzosos y un par de opciones que llevan muchos años en campaña y que han aprovechado los momentos para generar falsas imágenes de pureza en su entorno.
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