El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana fijo posición, el pasado martes 3 de abril, sobre la promulgación ese mismo día por parte del mandatario Nicolás Maduro, de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba.
En un comunicado emitido en la tarde de ayer, aseguró que no va a permitir a Venezuela la anexión del Esequibo, territorio actualmente en disputa en la Corte Internacional de Justicia y que Georgetown considera suyo tras el Laudo Arbitral de 1899.
“Este intento de Venezuela de anexar más de dos tercios del territorio soberano de Guyana y convertirlo en parte de Venezuela es una flagrante violación de los principios más fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho internacional consuetudinario”, comienza señalando el comunicado.
De acuerdo con Guyana, la promulgación de la Ley también “contradice la letra y el espíritu» de la Declaración Conjunta de Argyle para el Diálogo y la Paz entre Guyana y Venezuela acordada el 14 de diciembre de 2023 en San Vicente y las Granadinas. “Este acto ilícito pone en duda la obligación de Venezuela de respetar los principios de esa Declaración”.
Ante ello, en el comunicado, advierte no solo al gobierno de Venezuela, sino también a los gobiernos de la Comunidad del Caribe y de la Comunidad Latinoamericana y Caribeña de Naciones, así como al secretario general de la Naciones Unidas y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, que “no tolerará la anexión, toma u ocupación de ninguna parte de su territorio soberano”.
Guyana asegura que siempre ha defendido los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el estado de derecho y la solución pacífica de controversias. «Es como resultado del Acuerdo de Ginebra de 1966, del que Venezuela y Guyana son partes, que la Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que tiene competencia para pronunciarse sobre el caso que le ha presentado Guyana respecto de la validez del Laudo Arbitral de 1899 que fijó definitivamente la frontera terrestre entre los dos países. La decisión del Tribunal será definitiva y vinculante para ambas partes”, sostiene.
Reitera que si Venezuela quiere impugnar el título del territorio en cuestión, el foro adecuado es la Corte Internacional de Justicia, que “decidirá el asunto objetivamente y conforme a derecho”.
Y concluye señalando que: “N han pasado desapercibidas las declaraciones ofensivas e indignas del presidente Maduro sobre el presidente de la República Cooperativa de Guyana. Es lamentable que el compromiso asumido en Argyle con ‘la búsqueda de la buena vecindad, la coexistencia pacífica y la unidad de América Latina y el Caribe’ se vea nuevamente seriamente amenazado por las palabras y acciones de hoy (3 de abril) del presidente Maduro”.