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El estado Lara estuvo al frente de las quejas laborales del mes de febrero, con 27%, seguido de Bolívar (17%) y Distrito Capital (13%), de acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
Estas tres entidades concentraron más de 50% de los reclamos en materia laboral que se registraron en el país, en el segundo mes de 2021, que totalizó 86 conflictos.
Como se ha hecho costumbre en los años más recientes, el descontento entre los empleados del sector público domina el cuadro de protestas laborales con 79%, en febrero, mes en el que los sindicatos tuvieron participación de 50%.
El deterioro del sector salud ha sido más evidente tras la llegada al país de la COVID-19. Los trabajadores del área sanitaria estuvieron involucrados en 32% de los reclamos, y como parte de estos 68% vinculados a demandas salariales.
Los motivos de las quejas no han variado en los últimos años. Y a las mejoras de salario, le siguen exigencias por mejores condiciones laborales con 61%.
La emergencia por el coronavirus se sumó a la ya preocupante situación de un sector con escasez o falta de insumos y equipos, infraestructura en mal estado y fuga de médicos, enfermeras y personal técnico por la grave crisis económica y política del país.
En febrero, los trabajadores de Fundasalud, en Barinas, denunciaron las pésimas condiciones de su sede y de los equipos. En Anzoátegui, empleados del hospital Luis Razetti (en Barcelona) se quejaron de las agresiones de familiares de pacientes por una campaña de desinformación de moderadores de un programa radial, que acusa a los trabajadores de haberse apoderado de medicamentos suministrados por CorpoAnzoátegui, cuando lo que enviaron fue antibióticos para dos días.
Ana Mendoza, representante del gremio de enfermería, informó que a 20 trabajadores del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo, del municipio Valera (Trujillo) no les renovaron el contrato. Denunció también que, tras el enorme esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud para cumplir con sus labores, lo que consiguen es hostigamiento y persecución por parte del patrono.
En Pampán, también Trujillo, personal de salud del Centro de Diagnóstico Integral Rafael Pérez, hizo público las pésimas condiciones en las que son obligados a trabajar, como no otorgarles los implementos de bioseguridad exigidos para la atención de la COVID-19 o material de limpieza para el aseo de la instalación.
Por el lado de los educadores, la Federación de Profesionales y Técnicos de las Universidades Nacionales (Fenasipruv), exigió la discusión y aprobación de la nueva Contratación Colectiva Única en un término no mayor a tres meses, con sueldos y salarios ajustados a la realidad venezolana.
Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), protestaron para exigir beneficios contractuales. Arnaldo Rojas, delegado sindical departamental de Sidor, dijo: “hemos perdido compañeros por falta de póliza de HCM. No tenemos transporte, ni producción en la empresa”.
Los trabajadores de Sidor también exigen la anulación del Memorando N° 2792, documento emitido por el Ministerio del Trabajo en octubre 2020 que autoriza al patrono a desconocer derechos contractuales y salariales de acuerdo a su propio criterio; que representó el fin de todos los beneficios no solo de Sidor, sino del resto de las empresas básicas.
Otra violación de los derechos de los trabajadores por parte de los directivos de Sidor, fue la suspensión de salario de cuatro delegados (uno de ellos enfermo de COVID-19) de la empresa que lideraron las protestas para exigir mejoras salariales, nuevas discusiones de contrato colectivo y el reintegro a sus puestos de trabajo.
Con información de nota de prensa