Inaesin registró 101 conflictos laborales durante el mes de julio

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Un total de 101 reclamos a nivel nacional, contabilizó en julio el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical, 28% más que los 79 casos registrados en el mes de junio, para un total de 676 conflictos laborales en los primeros siete meses de 2021.Distrito Capital encabezó los reclamos con 34%, seguido de Bolívar (18%) y Lara y Anzoátegui, con 16% cada uno.

Los principales motivos de las quejas de los trabajadores estuvieron asociados a condiciones de trabajo (78%) y exigencia por mejoras salariales (75%).

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El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) reportó un aumento en el número de conflictos en el mismo mes que fue promulgada la Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil, y con la que el régimen de Nicolás Maduro pretende garantizar la inserción laboral a los recién graduados.

“La ejecución de esta ley termina por robar el futuro a los jóvenes venezolanos, quienes han sido los que más han sufrido las políticas del chavismo”, dijo Thaís López, coordinadora del Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical.

Destacó que la mayoría de los jóvenes que han migrado en busca de mejores oportunidades han dejado sus carreras universitarias o el bachillerato. “Quienes se quedan sufren la precariedad de las universidades públicas sin presupuesto y escuelas en el abandono, mientras que profesores y maestros buscan otros medios para subsistir”, señaló López.

Según reseña El Impulso, de acuerdo al registro del Observatorio, en 93% del total de los conflictos del mes de julio estuvo involucrado el sector público. Como ha venido ocurriendo en los años más recientes, los sectores salud y educación dominan los reclamos laborales.En el caso de la educación, en julio, representó el 17% del total de conflictos de julio.

“El régimen no le da prioridad a este sector y con la nueva Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil termina de restarle valor al estudio y al aprendizaje. Esta ley la asumen las autoridades como ‘el acceso de los jóvenes a empleos productivos’, sin que se ofrezca la debida preparación, dejando de lado al sistema de formación para el trabajo”, indicó López.

Fuente: El Impulso

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