La fundación Juntos Se Puede realizó un estudio de campo denominado “Análisis de vulnerabilidad y brechas de integración de población migrante en Colombia” donde resaltaron que es fundamental mejorar los procesos de integración de la población migrante y refugiada venezolana, a través de políticas públicas con enfoque de derechos.
En ese sentido, detallaron que el 43,71% de los jóvenes en edad productiva, ha crecido y se ha formado en medio del régimen Chavista, por lo cual no ha conocido sino la desaparición del sistema democrático “podemos inferir sobre el poco conocimiento que tienen estos jóvenes sobre las virtudes del trabajo como derecho y como valor”.
En el mismo orden de ideas, indicaron que el 56% de los encuestados afirmaron que tenían miedo de perder la vida en Venezuela mientras que el 97% de los encuestados manifestaron que de no existir el escenario de conflictividad en el país, no hubiesen migrado.
En torno a la documentación de los migrantes, el 53% de los venezolanos contestaron no poseer pasaporte en este momento, lo que les dificulta acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP) y por ende no poder adherirse a derechos humanos básicos.
En relación al ámbito laboral de los venezolanos en Bogotá, precisaron que aunque el 54% dijo recibir un salario fijo, sólo 38% indicó poder pagar prestaciones sociales pudiendo inferir que sólo éstos pertenecen a la economía formal, y que, por el contrario, aproximadamente 62% de los venezolanos que viven en Bogotá se encuentran en la informalidad. 57% de los consultados recibe menos del sueldo mínimo y 32% sueldo mínimo.
Sobre las brechas por las diferencias en el entorno, el 46% expresó sentirse afectado por el microtráfico y consumo público de drogas en su lugar de residencia. Además, más del 70% afirmaron que el bogotano es una persona cerrada y una persona desconfiada (91% aproximadamente). Más del 50% se siente afectado por la estratificación social en Colombia.
Asimismo, el informe precisó que el 51% de los encuestados ha presenciado hechos de xenofobia, como espectador o víctima, el 53% se ha sentido rechazado por ser venezolano, el 43% ha sido explotado laboralmente y el 24% ha sido víctima de violencia física o psicológica.
Es por ello que como parte de sus conclusiones y recomendaciones la fundación Juntos Se Puede ratificó que es fundamental mejorar los procesos de integración de la población migrante y refugiada venezolana, a través de políticas públicas con enfoque de derechos.
Enfatizaron que la exclusión pone en peligro la estabilidad democrática del país de acogida, por lo que respecto al ETPV (Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos) recomiendan debe ampliarse la discusión sobre sus alcances, ya que la implementación del mismo plantea el gran reto de superar los alcances del PEP en los sistemas financieros, la urgencia de articulación de los actores involucrados y la ausencia de protección para migrantes irregulares a futuro dejando un problema sin resolver.