En respuesta a un pedido formulado por la justicia estadounidense, el juez federal Federico Villena ordenó el decomiso del avión de carga del Estado venezolano que aterrizó hace un año y medio en la Argentina, con tripulantes venezolanos e iraníes sospechados de espionaje, y que desde junio de 2022 está custodiado en una pista del aeropuerto de Ezeiza.
En carácter de representante del Estado venezolano, el abogado Maximiliano Rusconi apeló la decisión del juez. Solo una vez que el fallo esté firme podrá llevarse adelante el decomiso del avión.
La semana pasada, la fiscal del caso, Cecilia Incardona, había avalado con un dictamen el pedido de Estados Unidos. La fiscal tomó en cuenta el Tratado de Asistencia Jurídica Internacional entre Argentina y Estados Unidos y dijo que respetarlo implicaba hacer lugar al decomiso. Hoy, después de ese dictamen de carácter vinculante, Villena ordenó el decomiso de la aeronave.
“Entiendo que la petición es formalmente procedente, en tanto reúne los requisitos legales de admisibilidad que establece el Tratado de Asistencia Jurídica Internacional entre Argentina y Estados Unidos”, concluyó la fiscal la semana pasada.
“Resulta imperativo dar cumplimiento al compromiso asumido por el Estado Argentino al suscribir el Tratado. Actuar en sentido contrario podría implicar la responsabilidad internacional de la República Argentina, tal como lo afirmara nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación”, consideró.
El Boeing de Emtrasur aterrizó en Ezeiza el 6 de junio de 2022. Se sospechaba entonces que sus tripulantes, venezolanos e iraníes, podían estar haciendo tareas de espionaje. La aeronave pertenece a Venezuela en los papeles y fue comprada a la empresa de Irán Mahan Air, pero Estados Unidos lo quiere decomisar porque entiende que se violó una ley norteamericana que prohíbe negociar bienes norteamericanos con empresas listadas como sospechosas de terrorismo.
Con información de La Nación