Los augurios de paz con las FARC que ocupan a Colombia en estos días están atravesados por una de las heridas más grandes de la historia del país: los fusilamientos, entre 2002 y 2010, de más de cinco mil jóvenes inermes y en algunos casos niños por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el desarrollo de una política estatal que buscaba con ello fingir triunfos en la guerra contra el terrorismo.
Madres de todo el país marchan y protestan a diario reclamando justicia y en ciertos casos los despojos mortales de sus hijos, en un país en donde la tasa de impunidad en homicidios supera el 90 por ciento.
De acuerdo con distintos estudios, 99 por ciento de las unidades militares del país estuvieron comprometidas en este tipo de ejecuciones extrajudiciales que los militares llaman entre ellos falsos positivos.
Óscar Alexander Morales Tejada, hijo de María Doris Tejada, fue secuestrado en diciembre de 2007 y asesinado por el Ejército a los 16 días, en enero de 2008. Sin embargo, su madre solo tuvo noticias de él hasta el año 2011, cuando un fiscal le confirmó su muerte y le señaló que había sido dado de baja en un falso combate con el Ejército.
María Doris Tejada hace parte de centenares de madres que aún esperan justicia por la muerte de su hijo. Los restos están en una fosa común de la localidad El Copey, departamento del Cesar, zona norte de Colombia.
Weimar Armando Castro y Eduard Benjamín Rincón, ambos jóvenes de 19 años y primos hermano, fueron brutalmente torturados y asesinados en el año 2004 en un barrio del sur de Bogotá. La mamá de Weimar, Beatriz Méndez, cree que ellos hacen parte de los primeros casos de falsos positivos.
La búsqueda incesante de justicia ha traído consigo amenazas a las familias que han debido desplazarse por seguridad. Beatriz cree que solo esclareciendo estos casos atroces, podrá haber paz en Colombia.
Carlos Toro, abogado penalista, aseveró que los falsos positivos fueron una política de estado durante los dos períodos consecutivos del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Toro mostró su preocupación por que con el Marco Jurídico para la Paz, que regirá la próxima desmovilización de las FARC, los falsos positivos podrían quedar en la impunidad si llegan a recibir la categoría de delitos de guerra. Sin embargo, aclaró que estos no se deben cobijar dentro de esta ley porque en Colombia existen jurisprudencias sentadas por la Corte Constitucional que impiden a los crímenes de lesa humanidad.
Existe aquí un bloque de constitucionalidad en virtud del cual, las normas del derecho internacional que protegen los derechos humanos se incorporan y hacen parte del derecho interno; va a ser una batalla jurídica que se va a librar. Los militares responsables de esos crímenes tratarán de cobijarlos por la nueva ley de justicia y paz para garantizar la impunidad de los mismos, y, obviamente, las víctimas y sus defensores tratando de que ellos sean excluidos de esas prerrogativas y, por tanto, que sean sancionados con todo el rigor de la ley colombiana, afirmó Toro.
