Los expertos que participaron en el foro “Venezuela at a Crossroads: Sanctions, Oil, and America’s Strategic Choices”, organizado por el Jack D. Gordon Institute, coincidieron, aunque con diferentes matices, que las sanciones en general no han sido efectivas para lograr cambios de gobierno. En el caso de Venezuela, adicionalmente quedó demostrado -según dijeron- que la “máxima presión” uno de Donald Trump fracasó y ahora la parte dos va por el mismo camino.
También resaltaron que las sanciones han perjudicado a las empresas estadounidenses y propiciado el acercamiento de Venezuela hacia los rivales geopolíticos de Estados Unidos -Rusia, China e Irán- que han aprovechado para llenar los vacíos que las compañías occidentales dejan. Como es el caso de China Concord Resources, un trader que comercializa el petróleo venezolano y que ahora se ha comprometido a hacer inversiones en unos pequeños campos en Venezuela, aunque no tiene experiencia operándolos.
“Las sanciones generales les hacen daño a las empresas estadounidenses más que a todas las demás y les dan una gran oportunidad a las de Rusia y China no solo para tomar la producción. Todos los servicios y bienes que eran vendidos antes por las empresas estadounidenses ahora son vendidos por empresas chinas, rusas y de la India. Los espacios que eran antes de las empresas estadounidenses ahora están siendo llenados por otras nacionalidades”, afirmó Gabriela Rachadell de Delgado, socia coadministradora, miembro del Comité Ejecutivo y líder del Departamento de Energía de InterJuris Abogados.
Para la experta, quien formó parte del panel de invitados del foro moderado por Eduardo Gamarra, experto en ciencias políticas y profesor de la Universidad Internacional de Florida, hay muchas cosas que Estados Unidos está haciendo, “como herramientas diplomáticas”, para forzar resultados políticos en Venezuela. Y, ante ello, dejó claro que: “Para mí, las sanciones económicas no deben usarse para para forzar cosas políticas”.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House y otro de los ponentes, se refirió a si las sanciones funcionan o no, tomando como base una investigación reciente de Chatham House. “Más allá del debate entre académicos sobre las consecuencias inesperadas de las sanciones en la población -como hambre y pobreza- cuando lo ves a lo largo de la historia, desde 1950 hasta 2023, las sanciones enfocadas en promover la democracia, defender derechos humanos y promover cambios de gobierno tienen un récord mínimo”.
Explicó que analizaron 858 sanciones que fueron impuestas en ese periodo de tiempo por Estados Unidos, Gran Bretaña, la ONU y “otros lugares”. Todas dedicadas enteramente a los temas de democracia, derechos humanos y cambio de gobierno. “De esas 858, 436 fueron declaradas como exitosas, 113 habían sido declaradas que fracasaron y 309 de ellas estaban en curso, incluyendo las sanciones desde 1960 a Cuba”.
Aseveró que, en el caso de las sanciones calificadas de exitosas, se trata de “historias de éxitos en semidemocracias, aliados de Estados Unidos o países que ya estaban atravesando por transiciones”, como Fiji, Polonia, Cambodia, Burundi y Chile: mientras que en los países que no funcionaron resaltan China, Bielorrusia y Cuba.
“Cuando se imponen sanciones, los gobierno a los que apuntan recolectan los activos y los reparten entre sus compinches… Las sanciones permiten a los regímenes consolidar el poder. La idea de que las sanciones van a aislar a un país y a su economía ya no tiene efecto. Todo lo contrario, están desarrollando medios paralelos, como criptomonedas y flotas fantasmas, para evadir las sanciones”, indicó.
¿Máxima presión plus o máxima presión light?
Desde diferentes ángulos, Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de Políticas Públicas en la Universidad de Rice; Geoff Ramsey, miembro principal del Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council; y David Goldwyn, presidente de Goldwyn Global Strategies; concluyeron en que la política de sanciones de Donald Trump hacia Venezuela ha sido “cambiante” y, en gran medida, inefectiva en su principal objetivo: lograr una transición democrática.
Monaldi, al tomar la palabra, se enfocó en lo que está pasando en el sector petrolero y, al respecto, destacó que la política de la administración Trump ha estado transformándose: “Tenemos el nuevo anuncio de Chevron recibiendo una nueva licencia, que no es igual a las licencias previas, y eso tiene unas implicaciones interesantes”.
Explicó que ahora Chevron le paga al gobierno de Venezuela entregándole una parte de la producción y el resto lo destina a Estados Unidos. “Así que vamos a ver una reducción del petróleo que llega a Estados Unidos y ahora el gobierno de Venezuela tiene que tomar su parte del petróleo y venderlo en el mercado negro. Eso es un gran cambio”.
Esto implica, agregó, que el gobierno de Nicolás Maduro deberá vender ese crudo con grandes descuentos y “con dificultades para recuperar el dinero. Incluso, Estados Unidos podría ejercer más presión si obstaculiza esos envíos a China”.
A su juicio, otro “gran cambio” es que el sector privado venezolano, “que se beneficiaba también de los dólares que provenían de las exportaciones que eran cambiadas por bolívares”, ya no tendrá acceso a esas divisas o quizás “solo a una fracción”.
Sin embargo, Monaldi considera que sí es positivo para las refinerías en Texas y Luisiana porque están volviendo a recibir algo de petróleo de Venezuela. “Estados Unidos tiene interés en recibir crudo pesado de Venezuela para las refinerías de la Costa del Golfo porque han hecho grandes inversiones para procesar ese petróleo y no están recibiendo de México, Colombia, ni Ecuador. Hay mucho en Canadá, pero es difícil trasladarlo a la Costa del Golfo”.
Monaldi recordó que cuando la nueva licencia para Chevron fue anunciada parecía “una flexibilización de las sanciones” y que “veríamos todas las licencias aprobadas, incluyendo a las (empresas) europeas. Pero el anuncio vino acompañado con una tremenda escalada en términos de retórica y de barcos de la naval yendo hacia aguas venezolanas… … No está claro para mí qué va a hacer Estados Unidos en Venezuela”.
Ante ese último planteamiento de Monaldi, David Goldwyn acotó: “Para mí no es confuso, lo que estamos viendo es la consolidación de la política exterior y poder de defensa del secretario de Estado, Marco Rubio. El gobierno de Estados Unido está embarcado, por el momento, en una estrategia de cambio de gobierno, usando la coerción económica y la intimidación militar”.
A su criterio, se trata de “máxima presión plus, máxima presión parte dos y hasta ahora no hay ningún indicativo de que esto está funcionando para lograr los objetivos. Lo que vemos con las sanciones es que la producción y exportaciones petroleras de Venezuela han aumentado desde que las licencias fueron revocadas”.
Goldwyn señaló que la producción está en 1,1 millón de barriles diario “como se predijo” y la mayoría del petróleo ahora no va a Estados Unidos, salvo por la porción de Chevron, sino a China “por medio de la flota fantasma y otros buques… Y los rusos regresaron para proveer la nafta para que Venezuela pueda refinar su crudo. Así que, en términos de objetivos, los hemos empujado otra vez a las manos de los rusos y los chinos. No hemos impactado la producción para nada”.
Por lo tanto, opina que es “difícil” precisar si la administración de Trump va a lograr alguno de sus objetivos. “No hay ningún lugar en el mundo donde externamente tu creas un cambio de gobierno con intimidación o sanciones, viene internamente. El paso por el que íbamos antes, que era privatizar la economía para que los ciudadanos no fueran tan dependientes del gobierno para reducir el papel del gobierno, ahora nos estamos dirigiendo en la otra dirección y no está claro cuánto tiempo esta política va a durar”.
Sin embargo, Geoff Ramsey opina lo contrario. No cree que “estamos viendo máxima presión plus”, sino más bien una “máxima presión light”. Asegura que Estados Unidos tiene un interés que va más allá de la democracia en Venezuela, lo que explica por qué “la administración Trump tomó la decisión de otorgarle la licencia a Chevron” y que continúe la cooperación entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro en materia de deportaciones, con vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela.
“No creo que esta política sea insostenible, todo lo contrario, es bastante sostenible. Desde mi punto de vista es un cínico ganar-ganar. Estados Unidos recibe cooperación de Venezuela para las deportaciones, recibe petróleo de Venezuela y el régimen recibe legitimidad ante las negociaciones en curso y una parte de la oposición recibe la esperanza de una intervención militar que nunca se materializará”, advirtió.
Y sobre si se el gobierno de Trump seguirá usando las sanciones contra Venezuela, Goldwyn opina que estas carecen de estrategia, además de ser infectivas para lograr un cambio de gobierno en el país. “Lo que sí veremos es más un aumento de privaciones en Venezuela, que llevará a una mayor crisis humanitaria, a más migración -quizás no hasta Estados Unidos, pero sí a los países vecinos- y eso no es ir al apoyo multilateral”, donde se involucra a otros países de la región en la presión.
Un impacto adicional de las sanciones: la santidad de los contratos
Las sanciones no solo han impactado a las empresas extranjeras con operaciones en Venezuela, sino también a inversionistas interesados en hacer negocios en el país. Por eso, Eduardo Gamarra puso ese tema sobre la mesa al preguntarle a Gabriela Rachadell de Delgado cómo esas medidas afectan el principio de santidad de los contratos, qué tipo de incertidumbre legal enfrentan las compañías y qué pasa con los inversionistas cuando estas reglas continúan cambiando.
“Ha sido muy difícil para los inversionistas. Están los cambios en las condiciones para Chevron, que tiene 100 años en Venezuela y ha hecho inversiones desde antes que el presidente (Hugo) Chávez asumiera el poder. Y no solo Chevron, sino todas las compañías que están en Venezuela han sido afectadas por las sanciones y estos cambios retóricos afectan sus proyectos. Esto es extremadamente malo para el futuro de Venezuela”, apuntó.
Recalcó que existe la creencia de que si hay un cambio de gobierno “todas las petroleras regresaran a Venezuela y no es verdad. Van a ver cómo han sido tratadas las empresas que ya están en Venezuela”.
También contó que han tenido reuniones con empresas de Europa, Asia y Estados Unidos, que estaban interesadas en Venezuela, y todas hicieron énfasis en la santidad de los contratos y cómo los diferentes actores en Venezuela se van a conducir en conexión con esos contratos.
“Cuando vayan a Venezuela lo hacen por 20, 30 años, dependiendo de tipo de acuerdo. Entonces, no están dispuestos a aceptar que un cambio político vaya a cambiar sus contratos. Necesitan tener esa seguridad. Y eso es extremadamente importante para el futuro de nuestro país: necesitamos inversionistas extranjeros”, aseguró.
Rachadell de Delgado aseveró que en Venezuela “estamos sufriendo mucho, así que no se puede aplicar un sistema total de sanciones, sin ninguna licencia. Tienes que crear un ambiente en que las empresas se sientan confortables en invertir en Venezuela. Si las empresas se tienen que ir del país porque es insostenible hacer negocios en Venezuela, va a tomar mucho tiempo para que regresen”.
De allí que sostuviera que ninguna solución política va a ser sostenible si empresas calificadas son forzadas a irse porque hacer negocios en Venezuela se hace imposible. “Ese no es el resultado que queremos, queremos darles la bienvenida a las inversiones por largo tiempo, independiente de la situación política. Y las sanciones económicas no deberían usarse para cambiar los resultados políticos. Considero que es un error que se está cometiendo desde hace mucho tiempo, sin un resultado tangible en Venezuela ni en ningún otro lugar del mundo”.