Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más poblada, la principal y la más desarrollada de Bolivia. Es la Capital de Santa Cruz, el Departamento con el mayor producto regional bruto del país y es el centro más importante de la defensa de la libertad, la unidad nacional y la nación boliviana. Esta ciudad de 2 millones de habitantes es hoy víctima de bloqueo físico y económico por el gobierno del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que ejecuta una agresión abierta violando los derechos humanos y cometiendo terrorismo de Estado.
Urge que las Américas y el mundo atiendan lo que está pasando en Santa Cruz, donde se desarrolla una acción planificada de terrorismo de Estado -ya aplicada en Cuba, Venezuela y Nicaragua- destinada a someter a la única zona de libertad que queda en Bolivia. La causa de esta agresión es reclamar -en resistencia civil pacífica- que el gobierno cumpla su propia ley y haga el Censo Nacional de Población y Vivienda en noviembre de 2022.
El Censo está siendo deliberadamente postergado por el régimen boliviano porque los resultados de este padrón de población, confirmarán que para las elecciones de 2009, 2014, 2019 y 2020 el gobierno alteró el número de bolivianos, incrementado la lista de votantes con cerca de 1,5 millones de ciudadanos que no existen en un registro de 7 millones, sometiendo al país a la condición de “dictadura electoralista donde los ciudadanos votan pero no elijen”.
El gobierno de es la prolongación de la dictadura de Evo Morales. Arce es el jefe de gobierno y Morales el dictador en jefe, de un sistema implantado y sostenido por el castrochavismo iniciado con el golpe de estado de 2003, que no respeta ninguno de los elementos esenciales de la democracia, que tiene más de 180 presos políticos y 8.000 exiliados. Detentan el poder con rótulo de democracia por el falsificado triunfo electoral de 2020, precisamente basado en el padrón electoral adulterado. No pueden hacer un censo que dé resultados aplicables a las elecciones de 2025, porque además de confirmar la ilegitimidad de Arce, perderán las elecciones.
Bolivia es la dictadura invisible del castrochavismo integrado por Cuba como jefe, Venezuela y Nicaragua. Es la víctima disfrazada de democracia, porque luego del fraude electoral de 2019 probado infraganti por los crímenes de Evo Morales que renunció y fugó a México-Cuba-Argentina, manipularon el gobierno que debió ser de transición y lo convirtieron en continuismo para retomar el poder en elecciones 2020. Presentaron el fraude electoral 2019 como golpe de Estado y con el pleno control judicial que ejercen condenaron a cárcel a la ex presidenta Jeanine Añez y miembros de su gobierno.
Para reconocer la naturaleza de crimen organizado del régimen que detenta el poder en Bolivia solo hay que revisar los informes de las Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y el más reciente del Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a las elecciones de 2019 que prueban el fraude electoral cometido por Evo Morales, el mismo que Arce Catacora y su sistema de justicia han convertido en golpe de estado y condena judicial de decenas de inocentes para que Morales, Arce y sus cómplices tengan impunidad.
Santa Cruz y sus líderes han sido siempre objetivo del régimen castrochavista que el año 2009 perpetró la masacre del Hotel las Américas, cuando Santa Cruz defendía la Constitución y la República de Bolivia, suplantadas por el estado plurinacional actualmente impuesto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe de Fondo 394/21, Caso 13.546, certifica la masacre ordenada por Evo Morales y plena prueba de los crímenes cuando concluye que “el Estado Boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial….”
Hoy la violencia se concentra nuevamente contra Santa Cruz, las ha planificado la intervención castrochavista y las ejecuta el gobierno que manipula la fuerza pública y grupos civiles a los que denomina movimientos sociales, la versión de los grupos paramilitares de la dictadura de Cuba con que ataca a la población indefensa que pide “patria y vida” desde el 11 de julio de 2021, los colectivos de la dictadura de Venezuela y los sandinistas de la dictadura de Nicaragua. La movilización de civiles para violar derechos humanos es parte del terrorismo de Estado. La agravante es que proceden de zonas controladas por el narcotráfico, de las federaciones de coca ilegal y productores de cocaína de las que es jefe Evo Morales y con las que han convertido a Bolivia en narcoestado.
Se está perpetrando en Bolivia lo que el régimen considera el “ataque final para someter a Santa Cruz” y son violaciones infraganti a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.
Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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