Más poder para el Estado representa menos poder para el ciudadano. Y si ese aumento se concentra además únicamente en el Poder Ejecutivo es aún más pernicioso para los derechos y libertades de la ciudadanía. Esta es la alerta que lanza el Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) a propósito de la Ley Antibloqueo recién aprobada por el gobierno.
La ley amplía la potestad que da al Poder Ejecutivo para desaplicar normas legales. Desde Cedice se ha advertido que en las últimas dos décadas ha habido una transformación del ordenamiento jurídico venezolano caracterizado por el poco o nulo respeto a los derechos y libertades individuales. Con esta nueva Ley, la precaria protección legal que existía termina desapareciendo, advierte la institución.
Agrega que la actual crisis humanitaria que atraviesa el país es resultado de años de la aplicación de medidas económicas con fines políticos. Desde el Observatorio de Propiedad se ha denunciado una política sistemática de destrucción de la propiedad desde el año 2005. Es evidente que esta ley pretende ocultar una realidad que se ha venido denunciando por años, advierten.
Otra razón de rechazo a esta ley es su ilegitimidad de origen. En resumen, la Ley Antibloqueo constituye un elemento más para destruir las pocas defensas que tenía el ciudadano frente al ejercicio arbitrario del poder.
Privatizaciones con discrecionalidad
La posibilidad de que la Ley Antibloqueo facilite un proceso de privatizaciones de ciertos rubros que actualmente están en el sector público es un tema controversial. En este sentido, aunque por principio Cedice Libertad está de acuerdo con la privatización de muchas áreas de la economía nacional, esto debe ocurrir sin vulnerar el principio de igualdad ante la ley y sin crear privilegios a ciertos sectores, asegura la organización, que advierte que esta condición de igualdad ante la ley no estaría garantizada al permitirle al Ejecutivo Nacional establecer medidas para la participación del capital privado en áreas estratégicas cuando así lo considere necesario. Esto es una arbitrariedad que además es difícil de controlar y verificar ante la distorsionada reserva de la información también prevista en la ley, concluyen.
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