La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro renovó la Licencia General Nº 8 para que cinco empresas estadounidenses -Chevron, Halliburton, Weatherford, Baker Hughes y Schlumberger- continúen en Venezuela. Pareciera una extensión más a las que se han venido otorgando desde el segundo trimestre de 2019, pero en esta ocasión hay particularidades que apuntan más a afianzar la presencia y proteger los bienes de estas compañías.
En primer lugar, se trata de la quinta renovación del permiso de permanencia en Venezuela, en un contexto de sanciones adoptadas por la administración de Donald Trump para propiciar un cambio político, la recuperación de la democracia y la reinstitucionalización de los Poderes Públicos. Sin embargo, en esta oportunidad a diferencia de las anteriores- se da por un plazo mayor. Estas empresas venían operando con sobresaltos cada tres meses y ahora tienen un respiro mayor, porque se les dio hasta el 1 de diciembre, lo que implica un plazo de ocho meses. Eso garantiza cierta operatividad a lo largo del año 2020.
Segundo, el permiso también tiene la distinción de especificar un objetivo: la protección que quiere darle el gobierno de Estados Unidos a las inversiones que estas empresas han realizado por años en Venezuela, sobre todo porque la no renovación hubiese podido propiciar que el régimen de Nicolás Maduro ordenara la expropiación de esos bienes prácticamente al día siguiente de no otorgarse la extensión del permiso, como de hecho era uno de los escenarios que tenía planteado el Ministerio de Petróleo.
Esta licencia general asegura las transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal, la integridad de operaciones y la protección de los activos en Venezuela, señala el texto de la licencia.
Frente a esta licencia, Chevron emitió una declaración o statement que deja ver el interés que tiene de seguir en Venezuela y que pareciera no indica un cese en diciembre; e incluso haciendo énfasis en los programas de responsabilidad social empresarial que, entre otros aspectos, han incluido apoyo a mujeres emprendedoras de escasos recursos y a las comunidades indígenas, el postgrado en gas natural en la Universidad Simón Bolívar y el patrocinio de las tres partes del documental El Reventón, realizado por el cineasta Carlos Oteyza, que se ha convertido en la referencia fílmica sobre la historia del petróleo en Venezuela.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó la Licencia General 8 y permite a la compañía realizar un mantenimiento limitado de operaciones esenciales en el país. Continuaremos cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. Nuestro legado en Venezuela se remonta a la década de 1920 y, desde entonces, nos enorgullece ser parte de las comunidades locales y contribuir a su desarrollo económico y social. Continuaremos nuestros programas de salud y nutrición y otras iniciativas de inversión social», dijo Ray Fohr, portavoz de la empresa.
Las empresas de servicios conexos prefirieron no hacer un pronunciamiento, sobre todo porque han reducido su actividad, pero no debido a las sanciones sino a las deudas que acumula Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ahora más por el desplome en los planes de inversión y recortes de producción.
Una tercera característica de esta licencia con respecto a las anteriores renovaciones es que específica ocho aspectos que estas empresas no pueden hacer: la perforación o procesamiento de crudos; diseño, construcción, instalación, reparación o mejora de pozos; contratación de personal o servicios adicionales, excepto sea necesario para la seguridad; transacción o trato relacionado con la exportación o reexportación de diluyentes.
No obstante, la empresa en marzo había anunciado un recorte en su plan de inversión mundialmente, debido al desplome en los precios del crudo. Eso afectaba, principalmente, aquellos proyectos en los cuales no tiene control total o mayoritario como es el caso de Venezuela, donde su participación es 40% en las empresas mixtas. Se está realizando la reducción de gastos, contratos y compras en todos los joint ventures que no están bajo la operación o control directo de Chevron, informó la compañía.
La geopolítica del petróleo
En los días transcurridos de 2020 hasta el 21 de abril, cuando se conoció la decisión de la OFAC, y en medio de la coyuntura generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y la guerra de precios del petróleo, el tema de la renovación de la licencia a estas empresas, y en particular de Chevron, no escapó de alegatos a favor y en contra.
Los defensores de no renovarla aseguraban que la salida de la compañía podría convertirse en la estocada definitiva que se necesitaba para que se pusiera fin al régimen de Maduro, pero la forma como China y Rusia se movieron en este tiempo prendió las alarmas en Estados Unidos y todo indica que esas jugadas hicieron ver que se corría el riesgo de perder un espacio. Por un lado, la embestida del gobierno de Beijing en apoyar a Venezuela en la prevención del coronavirus; y luego los enroques que hizo Moscú: por un lado se anunciaba la salida de Rosneft del país y, al mismo tiempo, se decía que esos activos serían transferidos a una empresa 100% propiedad del gobierno ruso.
Para Rosneft se hizo insostenible el costo político y económico de apoyar a Maduro, afirma el ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien hoy está en contra el mandatario venezolano, pero fue su primer titular en ese despacho e impulsó los negocios de la empresa rusa en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, a principios de la década pasada. Rosneft tenía mucha presión para seguir soportando las sanciones sin obtener nada a cambio y le dieron los activos en Venezuela a una empresa 100% propiedad del Gobierno ruso, lo que quiere decir que hubo decisión política que muestra que Vladimir Putin sigue apoyando a Nicolás Maduro, acota.
Por otra parte, la renovación de la licencia no genera una posición de consenso en la oposición venezolana, aunque es un tema que se evada de las declaraciones públicas y más bien se opta por posición cautelosa en cuanto a salir abiertamente a decir que apoya o rechaza la extensión del permiso. Quizás por el temor de que les hagan bullying a través de las redes sociales. No obstante, se han hecho gestiones antes las autoridades estadounidenses en una u otra posición.
Al conocerse la decisión de la OFAC, el dirigente Carlos Vecchio, designado por la Asamblea Nacional como embajador de Venezuela en Estados Unidos, culpó a Maduro de las restricciones que tiene la renovación, pero al mismo tiempo destacó el papel que las empresas privadas y foráneas presentes en Venezuela puedan jugar a favor de la recuperación económica del país en caso de que se concrete una transición.
La decisión del Departamento de Tesoro de restringir actividades de Chevron en Venezuela es consecuencia directa de acciones criminales de la dictadura. Maduro es tóxico para todas las empresas privadas, nadie quiere hacer negocios con un narcodictador. Él es responsable de las restricciones, dijo Vecchio en su cuenta en la red social Twitter tras publicarse la nota de la OFAC. A su vez, la extensión de licencia es una apuesta clara a una transición inmediata que permita implementar un plan de emergencia, donde sector privado nacional e internacional pueda reactivar aceleradamente el sector energético, acotó.
Posteriormente escribió: La obsesión de Maduro con el poder ha destruido nuestra producción de petróleo, Pdvsa, y ha impedido que las principales compañías de energía desarrollen sus actividades para contribuir al desarrollo del país. A Maduro no le importa Venezuela, sino su poder destructivo.
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