El cobro de causas o el pago por “privilegios” en las cárceles venezolanas también se ha dolarizado. Expertos aseguran que esto es una consecuencia de los esquemas de corrupción dentro del sistema penitenciario, además de fallas en las políticas aplicadas desde el Estado venezolano para descentralizar las cárceles.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), explicó que el cobro de causas “existe desde que los presos tienen el control del centro penitenciario. Antes existía, pero era algo mínimo por ciertos privilegios como tener cigarrillos o usar un celular que está prohibido. Ahora cobran por todo, hasta por comida, cuando la responsabilidad del Estado es mantener la alimentación de los presos. Vemos ahora que se permite hasta la estadía de personas dentro de las instalaciones y visitas de prostitutas”.
Luis Izquiel, abogado penalista y criminólogo, detalló que esta metodología varió conforme a la economía nacional: “El cobro de la causa en dólares yo diría que tiene prácticamente el mismo tiempo que la dolarización del país, unos dos o tres años. Cuando los pranes vieron la dinámica en las calles, donde todas las cosas se estaban transando prácticamente en dólares, comenzaron a cobrar la causa en esta moneda extranjera o su equivalente en dólares”.
En teoría estas “causas” que pagan los convictos les aseguran cierta tranquilidad. Izquiel las define como “un aval delictivo. Los familiares o el mismo preso pagan esa causa con el derecho de estar en la cárcel con ciertas ventajas que no tienen otros presos que no pagan esa especie de impuesto a los líderes carcelarios”. Al tiempo que, Girón aseguró que si el preso paga, puede estar tranquilo. Más hay diferentes tarifas, esto si es nuevo, antes era ‘la causa’ mensual o semanal, ahora son pagos por todo, hasta por respirar”.
¿Cómo funcionan las causas?
El criminólogo aseveró que la garantía de estos pagos “la dan quienes dirigen esa pandilla carcelaria, denominados los ‘pranes’ y toda la estructura criminal que ellos dirigen, pero se trata de una garantía criminal de la cual no se puede tener mucha confianza. Ese trato les permite estar tranquilos y si tienen un comportamiento adecuado a las normas delictivas que ellos imponen, entonces su integridad física no será amenazada”.
Por el contrario, los presos o familiares que no pagan son condenados al área de “los fritos”, como explicó Izquiel que se les llama a los excluidos en el argot penitenciario. “Quienes no pagan la causa son excluidos de los espacios principales de la cárcel. Muchas veces sin destinados a los peores espacios de la cárcel o deben pagar la causa trabajando, prestando sus servicios a las pandillas carcelarias para cualquier cosa que se pueda necesitar en la cárcel”.
La directora del OVP insistió en que todo tiene una tarifa, por lo que a los familiares se le hace muy difícil pagar todo, “entendiendo que casi todos los que están allí son personas humildes, de pocos recursos. Los familiares se ven en situaciones de vender los enseres del hogar para pagar las causas”.
Añadió que los presos que no pagan son los llamados manchados. “No tienen un sitio fijo donde vivir dentro del centro. Generalmente, viven donde están los desechos, no tienen para comer, permanecen en situaciones infrahumanas”.
El Estado “no mejora la situación”
Ambos expertos coinciden en que mucho de lo que sucede en las cárceles es responsabilidad del Estado. Girón detalló que “estos cobros suceden por el control pleno que ha delegado el Estado en los presos. Es una espiral de corrupción donde están involucrados, presos, funcionarios, custodios. Muy lamentable esta situación”.
Agregó que mientras continúe la crisis económica en el país y “la falta de valores esto seguirá en aumento. Muchos han visto en estos cobros una manera de subsistencia. La poca o nula formación para el trabajo con presos, los malos salarios, todo eso contribuye a que la corrupción campee en todos los ámbitos”.
Girón advirtió que el “Estado debe asumir la responsabilidad del sistema penitenciario en su totalidad, debe implementar políticas penitenciarias que cumplan al menos con los mínimos requerimientos, tales como alimentación, acceso a la salud, deporte, trabajo. Debe tener la formación adecuada para el personal penitenciario, debe hacer los mantenimientos correctivos y preventivos de las instalaciones”.
Al tiempo, que Izquiel enfatizó “que con la grave corrupción que se vive en las cárceles de Venezuela, no solo la causa está dolarizada, sino también los funcionarios del ministerio Penitenciario y de la Guardia Nacional. Para que un preso tenga una visita conyugal, muchas veces los funcionarios corruptos le piden un pago en dólares. Para el ingreso de comida y cosas que usan los presos, incluso armas, todo eso significa un pago en dólares y si no los pagan, los presos no disfrutan de esos beneficios”.
Dijo que, a su juicio, el Estado “debe revertir el origen de los peajes y el cobro de las causas, así como de tantas irregularidades dentro de las cárceles. El Estado debe retomar el control de estos recintos penitenciarios que fueron abandonados y entregados a estas pandillas delictivas. La Constitución habla de la descentralización de las cárceles y desde el año 2013 lo que se hizo fue crear un ministerio penitenciario, que fue hacia la centralización y contra lo establecido en la Constitución”.
El jurista puntualizó que según este artículo 272 establecido en la carta magna las cárceles deben tener espacio para el trabajo, el deporte y la recreación de las personas. Es decir, condiciones que permitan la rehabilitación social de los que cometieron un delito y están pagando condena ante el Estado, lo que “actualmente no se cumple en ninguna de las cárceles del país”.