“¿Unos congresistas presionaron a Trump con el presupuesto para que revocara las licencias petroleras en Venezuela? ¿De verdad? ¿Tienen ese poder de presionar a Trump?”, se pregunta el economista Luis Oliveros en su cuenta X.
También lanza otras interrogantes: “¿Se estaría negociando un nuevo acuerdo para que las empresas petroleras extranjeras que operan en Venezuela no coloquen el petróleo en EE.UU., pero sí en otros mercados? ¿Y con esto beneficiar a otros países?”.
Tales preguntas apuntan a las informaciones y análisis que han sido difundidos desde que Trump anunciara, el pasado miércoles 26 de febrero, en su cuenta en la red social Thruth, que estaba revocando las licencias de exportación de petróleo que su antecesor, Joe Biden, otorgó al gobierno de Nicolás Maduro.
Informó que estas licencias, que beneficiaban a Chevron, dejarán de ser válidas a partir del 1 de marzo. A propósito de ello, la agencia Reuters publicó que la revocación de la licencia a la petrolera estadounidense para operar en Venezuela podría llevar a la negociación de un nuevo acuerdo entre ésta y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para exportar crudo a destinos distintos a Estados Unidos.
Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, asegura que en este momento “es crucial tomar en cuenta quién manda actualmente en EE.UU.”
A su juicio, “pudiera tener más sentido un nuevo Acuerdo Trump-Maduro, eliminando el previo Biden-Maduro y que el petróleo venezolano siga fluyendo hacia EE.UU. Y no extrañe que sea un acuerdo idéntico, solo que ahora sí tenga la bendición MAGA”.
No descarta que las negociaciones continuarán: “Serán días interesantes e importantes para la economía venezolana… Pronto conoceremos los resultados”.
El regreso de las sanciones “no es sano”
Luis Oliveros ha alertado sobre el impacto que tendría el restablecimiento de las sanciones. En días recientes dijo a HispanoPost que el pronóstico es mayor volatilidad cambiaria, más inflación, menor posibilidad de crecimiento, perspectivas negativas para la economía en 2025 “y más allá”, menor gasto público y menor capacidad gubernamental para mejoras en la infraestructura. “No se acaba el país, solo que iríamos a un país distinto al de hoy. Ya ese país lo conocimos. No es sano”.
En su ensayo “Las sanciones: ¿Instrumento de cambio político o un catalizador de crisis económicas?”, publicado en el compendio Sobre las sanciones en Venezuela, de la Colección Ediciones Especiales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Luis Oliveros ofrece un análisis más detallado.
Recuerda que cuando se impusieron las sanciones, se argumentó que las medidas buscaban presionar al gobierno de Nicolás Maduro “mediante restricciones económicas severas, particularmente en una actividad vital para la economía venezolana, como la producción y exportación de petróleo. No obstante, “los efectos colaterales de estas medidas han recaído de manera importante sobre el sector privado del país y sobre la población”.
Según el economista, estas medidas provocaron que se intensificara la inflación (por la caída en los ingresos en divisas, que incrementa el déficit y propicia el financiamiento monetario), han generado volatilidad en la tasa de cambio (menor oferta de divisas y mayor demanda empujan el precio), “reduciendo la capacidad para generar crecimiento económico (caída en la inversión, en las perspectivas, además del efecto de la disminución de los ingresos fiscales), limitando el acceso a financiamiento extranjero (cierre de los mercados internacionales), impactando de manera negativa en la provisión de servicios públicos por parte del Estado (mayores problemas presupuestarios) y en el sector financiero nacional (aislado del mercado global)”.
Reitera que desde que fueron implementadas las sanciones, la situación económica de Venezuela, “que ya era complicada, empeoró sin producir ninguna diferencia en lo político. El simple hecho de que existan posibilidades de que Estados Unidos esté pensando en volver a una estrategia de ‘máxima presión’ contra Venezuela es preocupante, especialmente si uno de los principales desafíos que enfrenta la administración norteamericana es la migración hacia su territorio”.
Por tanto, considera que es “imprescindible” reflexionar sobre la efectividad y las consecuencias de estas políticas. “Las sanciones, lejos de promover un cambio político, profundizan desigualdades, fortalecen a quienes controlan los recursos y dejan a la población aún más desprotegida frente a la crisis”.