El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le pasó factura a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro por la crisis política, económica y social que atraviesa la nación de Simón Bolívar. En esta oportunidad ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fueron sancionados por aprobar la disolución de la Asamblea Nacional, un poder de mayoría opositora, electo en diciembre de 2015.
El presidente del Poder Judicial, Maikel Moreno encabeza la lista y le siguen otros magistrados de la Sala Constitucional del poder público. Arcadio de Jesús Delgado, Gladys Gutiérrez, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez y Calixto Ortega.
El pasado 31 de marzo estos funcionarios aprobaron una sentencia en la que le restaban funciones al Parlamento opositor el cual consideran está en desacato. Desde ese momento, la oposición venezolana comenzó a protestar en una seguidilla de acciones que lleva 46 días y contando. La represión a estas manifestaciones ha dejado 43 muertos en cifras oficiales y más de 700 heridos.
Las sanciones incluyen el congelamiento de cuentas en casi todo el mundo, salvo en China y Rusia. Además se incluyen en la lista negra financiera mundial y es probable que sean objeto de acusaciones federales por parte de Washington.
