Miles de venezolanos que llegaron a los Estados Unidos después del 9 de marzo de 2021 temen ser deportados, pues hasta esa fecha tenía validez el Estatus de Protección Temporal, TPS, declarado por la administración de Joe Biden.
Aunque la aplicación del TPS fue extendida recientemente hasta marzo de 2024, los requisitos para poder beneficiarse del estatuto no cambiaron. La situación causó preocupación en más de 160.000 venezolanos que no podrán acogerse al programa, entre cuyos beneficios está la posibilidad de trabajar.
La cantidad de venezolanos que han cruzado la frontera de manera irregular se ha incrementado exponencialmente: en los nueve meses comprendidos entre octubre de 2021 y junio de 2022 la patrulla fronteriza tuvo cerca de 112.200 encuentros con venezolanos, más del doble que en todo el año fiscal 2021.
La comunidad venezolana y un grupo bipartidista de legisladores han solicitado a las autoridades de Estados Unidos que rediseñen el TPS para amparar a aquellos que llegaron más recientemente y no han podido regularizar su situación. Además de ellos, hay venezolanos con órdenes de deportación que tampoco tienen TPS y quedarían desamparados con la finalización, el 20 de julio, de otro programa conocido como DED, que ha frenado las deportaciones de todos los venezolanos desde enero de 2021, por 18 meses.
En Estados Unidos viven más de 423.000 venezolanos, según información de la oficina del Censo de 2019. De acuerdo con el gobierno, unos 343.000 podrían beneficiarse con el TPS. La gran mayoría —unos 231.000— ya lo ha solicitado, pero debido a las demoras que existen en el gobierno sólo unos 30.000 habían sido aprobados hasta diciembre de 2021.
Algunos expertos aseguran que quienes quedaron fuera del TPS tienen razones para estar preocupados.
“Lamentablemente tiene un impacto negativo en la comunidad venezolana para las personas que entraron después del 8 de marzo”, expresó a The Associated Press el abogado de inmigración José Guerrero.
Explicó que si esas personas no tienen ningún otro recurso migratorio, como un familiar legal que los haya reclamado, una petición de ajuste de estatus o reunificación familiar, o un asilo válido corren el riesgo de ser deportados.
Fuente: El Nacional