El acoso oficialista hacia los trabajadores de las empresas del Estado se profundiza a poco más de 20 días de las elecciones presidenciales del 28 de julio, aseguraron fuentes sindicales que solicitaron guardar sus nombres en reserva.
Denunciaron que le exigen a cada trabajador la entrega de un listado de 17 nombres -con teléfonos y direcciones- de miembros de su familia, amigos y vecinos en edad de votar.
Para ello, revelaron las fuentes, el oficialismo se vale de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que aparecen como empleados en las nóminas de las empresas del Estado.
«Por ejemplo, en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) el chavismo desde sus inicios incrementó la nómina de 40.000 a 100.000 personas. Los trabajadores calificados, de verdad verdad, son 40.000 y el resto enchufados militantes del PSUV», precisó un consultado.
Estos últimos, agregó la fuente, además de acudir a las marchas y forzar a los trabajadores a estar en esas actividades, fungen de espías y comisarios para imponer la lealtad política al régimen a través del acoso y el amedrentamiento.
Un sindicalista aseguró que las nóminas de las empresas del Estado están permeadas de “seudotrabajadores/ que se encargan de espiar y perseguir a los trabajadores regulares, conducta que se profundiza más en la medida que se acerca el 28 de julio.
La fórmula 1×10+7
«En las empresas básicas de Guayana, los pesuvistas están llamando por teléfono y citando individualmente en el lugar de trabajo a los empleados a que proporcionen su listado de votantes -conformado por siete familiares y otros diez amigos y vecinos- para que voten por Nicolás Maduro», señaló un sindicalista.
A este operativo electoral permanente se suman el sindicalismo oficialista agrupado en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) y otras estructuras parasindicales como los consejos obreros y productivos de trabajadores.
«La presión es muy fuerte dentro de los centros de trabajo y áreas operacionales con amenazas de traslado permanente a sitios distantes de sus hogares, eliminación y/o retraso del pago de bonos y beneficios, despidos y jubilaciones anticipadas forzadas», alertó un dirigente.
Mientras tanto, el ingreso a las plantas y áreas operativas está prohibido a los representantes de organizaciones sindicales independientes, los cuales fueron despedidos por defender los derechos laborales y pese a que por Ley tienen fuero sindical y la protección de los decretos de inamovilidad laboral del Ejecutivo.
«En la administración pública centralizada y descentralizada y en los institutos y empresas del Estado -que emplean dos millones de trabajadores- el oficialismo actúa abiertamente para hacer cumplir la fórmula 1×10+7», sostuvo un consultado.
Agregó que la campaña electoral oficialista ha pasado de la forma virtual (mensajes por las redes a los empleados) al contacto directo en el centro de trabajo.
«La persecución laboral ha alcanzado incluso a sindicalistas identificados con el chavismo que -por conciencia de clase con sus compañeros- hicieron reclamos laborales y ahora están presos o bajo presentación en los tribunales», concluyó un dirigente sindical.