La Misión de la ONU sobre determinación de los hechos de Venezuela, que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde 2014, recibió un informe sobre el caso de Antonio Ledezma.
La información la dio a conocer el dirigente político que desde 2015 estuvo recluido en la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital venezolana, después en su domicilio donde logró escapar en noviembre de 2017.
Ledezma, con residencia excepcional en España, dijo que Maduro ha intensificado la persecución en su contra para impedir que la oposición continúe acusando al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
“El pasado 22 de agosto, Maduro ordenó allanar y clausurar mi vivienda en la Urbanización Santa Rosa de Lima, Caracas, y al día siguiente, fue allanada y clausurada mi oficina en la Torre EXA, en la Urbanización El Rosal”.
Recordó que el pasado 6 de julio, fue citado a una dependencia de la Fiscalía de Madrid, España, pero acudió para desmontar “la maniobra que la dictadura madurista pretendía para que rindiera declaraciones a sus comisarios políticos».
Gobierno intensifica la represión
Denunció que Maduro pretende solicitar al gobierno de España una orden de aprehensión en su contra, con un montaje de falsos delitos, para condenarlo sin juicio, sin derecho a la legítima defensa y sin el debido proceso.
“Soy un perseguido político, tal como lo ha determinado la ONU, cuya misión denunció que Maduro continúa cometiendo violaciones graves a los derechos humanos y ha intensificado las agresiones para silenciar a la oposición”, dijo el exalcalde Metropolitano de Caracas.
Según Naciones Unidas, Maduro ha incrementado la represión para reducir el espacio cívico y democrático, coartando las libertades individuales; atacando la labor de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones civiles, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos.
Durante enero de 2020 y agosto de 2023, se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias, 14 desapariciones forzadas y 58 detenciones arbitrarias, según el informe de la ONU.
La misión también documentó 28 casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo periodo.
“El régimen tiene detenidos a 322 dirigentes políticos, entre ellos 22 mujeres: 81 en el Helicoide, 100 en Ramo Verde, 13 en Dirección General Contrainteligencia Militar y 46 en cárceles del Rodeo”, precisó Ledezma, citando informes de organizaciones civiles.
Citó el caso de seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión por reclamar mejoras salariales y sobre el panorama de las elecciones presidenciales en 2024, el gobierno utiliza el aparato represivo para inhabilitar a los candidatos de la oposición.