La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas presentó este martes 17 de septiembre su último informe actualizado sobre la situación en Venezuela, donde advirtió que la administración de Nicolás Maduro intensificó la represión, lo que sume al país en una de las crisis más graves de derechos humanos de la historia reciente.
Además, de acuerdo con un resumen del informe, la represión ordenada por el gobierno venezolano entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 “representa la misma línea de conducta” que la misión caracterizó en informes previos como “crímenes de lesa humanidad”.
Aunque el documento abarca un período de un año, la Misión hizo especial énfasis en los acontecimientos ocurridos después del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales sin presentar resultados desagregados por centro y mesa de votación, como establecen las leyes electorales.
“La Misión registró con suma preocupación que, tras la crisis postelectoral, las apariencias de legalidad, que ya eran mínimas en períodos anteriores, desaparecieron casi por completo. (…) El riesgo de desintegración del Estado de Derecho es muy alto”, advirtió.
La Misión documenta en su informe que la estructura represiva del Estado se reactivó tras asegurar en su penúltimo reporte que permanecía “como una amenaza latente”.
“Durante el período que abarca el presente informe, especialmente tras los comicios del 28 de julio, el sistema de acoso y represión violenta contra personas opositoras o percibidas como tales se reactivó de manera intensa y acelerada” y “fue instigada por las altas esferas políticas y militares del gobierno, incluyendo al presidente Maduro a través de declaraciones públicas de carácter amenazante”, dice el informe.
Como resultado, agrega, la represión llevó a la comisión de violaciones graves de los derechos humanos y delitos, que incluyen “casos de muertes en protestas, detenciones arbitrarias, seguidas o derivadas de violaciones graves al debido proceso, desapariciones forzadas de corta duración, así como actos de tortura, tratos crueles y degradantes, y violencia sexual y basada en género”.
El gobierno de Maduro ha rechazado los anteriores informes de la Misión -que lleva un seguimiento detallado de las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país desde septiembre de 2019- tildándolos de “falsos y sin fundamento metodológico”, y acusando a la ONU de llevar adelante una política injerencista.
Con información de CNN