Gobiernos, líderes democráticos, sistema internacional y alguna prensa siguen tratando a Nicaragua y Bolivia como democracias en crisis, destacando la “crisis electoral” en Nicaragua y la “crisis de justicia” en Bolivia para disfrazar como síntomas lo que es en verdad la vigencia del sistema de dictaduras de Cuba y Venezuela. No queda en Bolivia y Nicaragua ninguno de los “elementos esenciales de la democracia”, son países con decenas de presos políticos, miles de exiliados y detentadores del poder totalitarios. No son democracias en crisis, son dictaduras y es tiempo que se las denomine y trate así.
El pueblo boliviano desde enero de 2006 con el acceso de Evo Morales a la presidencia fue forzado a recorrer el camino del establecimiento de una dictadura que con falsificaciones, masacres y persecución política suplantó la República de Bolivia y la Constitución política para imponer lo que hoy se conoce como el “Estado plurinacional”, que es una copia de los estatutos dictatoriales cubano y venezolano que el castrochavismo denomina constituciones.
El pueblo nicaragüense desde enero de 2007 con el retorno de Daniel Ortega a la presidencia fue forzado al restablecimiento de la dictadura sandinista en los parámetros del socialismo del siglo XXI para convertirla –como Cuba, Venezuela y Bolivia- en “dictadura electoralista”, en la que “el pueblo vota pero no elige”, mediante sucesivas modificaciones constitucionales y leyes sumadas a la estructura de poder e impunidad que el sandinismo siempre retuvo desde 1990.
En ambos casos el “Iter criminis” o camino del delito para la imposición de las dictaduras tuvo como actores principales a opositores que negociando sus miedos, delitos y espacios de poder entregaron la institucionalidad de sus países a cambio de perdones, amnistías, prebendas y participaciones. Grandes traidores a la patria que permanecen como “opositores funcionales”, dando apariencia de democracia a las dictaduras, mientras los líderes democráticos eran enjuiciados, encarcelados y exiliados, víctimas de “asesinato de reputación”.
Ni en Bolivia ni en Nicaragua existe “respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales”. Nicaragua tiene más de 130 y Bolivia más de 45 presos políticos. Los recientes presos políticos en Nicaragua son todos los candidatos presidenciales como la Sra. Cristiana Chamorro y otros que deberían participar en las elecciones del 7 de noviembre próximo y en Bolivia son presos políticos la expresidenta Jeanine Añez, ex ministros, militares, policías, jóvenes y ciudadanos que fueron parte o víctimas del fracaso de cesar la dictadura entre octubre de 2019 y octubre 2020.
Ni en Nicaragua ni en Bolivia está vigente el “Estado de derecho” porque por medio de textos constitucionales y leyes infames violatorias de los derechos humanos, el derecho es la voluntad del dictador y del régimen, como en Cuba y Venezuela, con leyes como las “mordaza”, las “retroactivas”, las de “lucha contra la corrupción”, o de “protección de la soberanía”, o simplemente “antiimperialistas”.
Tanto en Bolivia como en Nicaragua han convertido el sistema de justicia en el instrumento de persecución política y de imposición de terror a la población. Los “fiscales y jueces son verdugos y los procesos con linchamientos”. La “judicialización de la persecución y la represión política” se ha institucionalizado como método castrochavista y es la prueba más clara de la inexistencia de “separación e independencia de los órganos del poder público”.
Sin respeto a los derechos humanos ni libertades fundamentales, sin Estado de derecho y sin separación e independencia de los poderes públicos, sino con todo lo contrario, Bolivia y Nicaragua no pueden tener, no tuvieron en los últimos 15 años y no tendrán “elecciones libres y justas basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular” y tampoco “libre organización política”. Lo que pasó en Bolivia en las elecciones de octubre de 2019 fue un criminal fraude certificado por la OEA y la Unión Europea entre otros, fraude que se repitió con complicidad de quienes hoy son presos del régimen en octubre de 2020. Lo que pasó en Nicaragua es lo mismo y lo repetirán -con los candidatos opositores presos- en próximo 7 de noviembre.
La diferencia entre democracia y dictadura no es semántica, se trata de abismales contraposiciones que estructuran dos formas totalmente antagónicas de vida y de gobierno. Los regímenes dictatoriales como violadores de derechos humanos deben estar proscritos del sistema económico multilateral, pero para no sufrir estas y otras consecuencias siguen simulando que Nicaragua y Bolivia son democracias con crisis, cuando en verdad son dictaduras consolidadas, puras y duras desde hace años.
Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institutefor Democracy
www.carlossanchezberzain.com