La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley orgánica de agua, impulsado por el presidente de la Comisión de Servicios, William Gil, quien se ha limitado solo a señalar que unificará las dos legislaciones orgánicas en la materia: la actual ley con el mismo nombre, junto a la que regula la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, señala el semanario Exclusivas Económicas.
“Sí es posible mejorar el servicio del vital líquido con la participación de los consejos comunales, las comunas y las mesas técnicas de agua”, aseguró Gil.
La referida propuesta, agrega la publicación, contempla un esquema más flexible para la fijación de las tarifas con el fin de evitar el rezago que existe en la actualidad, el cual depende de una decisión del Ejecutivo. Por eso, el objetivo es establecer un esquema similar al que se tiene con el aseo urbano, que tiene un monto fijo en petros, pero que fluctúa en función principalmente de las variaciones del tipo de cambio del bolívar frente al dólar.
“La ley plantea el subsidio cruzado, de manera que las tarifas no afecten a la población más desposeída, a la familia y al consumo residencial, sino que sean las industrias y las empresas comerciales las que soporten la mayor carga de pago porque son los mayores consumidores”, dijo Gil.
El proyecto legal admite la posibilidad de participación de particulares, lo que nuevamente lleva a plantear entre los expertos del área la posibilidad o ¿necesidad? de privatizar las empresas hidrológicas como se intentó hacer durante la década de los 90 en los segundos gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, indica Exclusivas Económicas.
Están las experiencias de Aguas de Monagas e Hidro Lara, que incluso contaron con préstamos de organismos multilaterales. La primera por parte del Banco Mundial y la segunda del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyos desembolsos se paralizaron por la visión contraria a la privatización que impuso Hugo Chávez, recuerda el semanario.
En la administración de Nicolás Maduro, la discusión sobre el agua nuevamente coloca al oficialismo en el dilema entre dejar atrás el legado del “comandante eterno”, ser pragmáticos e intentar buscar una solución al suministro de agua mediante inversiones o, por el contrario, permanecer aferrados a uno de los pilares ideológicos de la revolución bolivariana y mantener al país sin un suministro constante del llamado vital líquido, puntualiza Exclusivas Económicas.