El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 6.956 protestas en 2023, equivalente a 19 diarias en todo el territorio nacional. Esta cifra representa una disminución de 1% en comparación con el año 2022, cuando se registraron 7.032.
Aseguran que esta cifra representa una disminución de 1% en comparación con el año 2022 cuando se documentaron 7.032, sin embargo, concluyen que se mantiene la Emergencia Humanitaria Compleja.
80% de las protestas estuvo relacionado a la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca).
Los trabajadores lideraron el índice, ya que participaron en 4100 protestas, unas 11 diarias, denunciando violaciones sistemáticas a sus derechos y un salario mínimo oficial inferior a 4 dólares por mes.
El OVCS destaca que durante los últimos tres años los trabajadores, jubilados y pensionados han liderado las manifestaciones pacíficas en el país. Exigen salarios y pensiones dignas, tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Los estados con más protestas durante el año: Anzoátegui (714), Bolívar (680) y Sucre (566).
Alertaron igualmente que durante 2023 fueron reprimidas 118 protestas en todo el país. Con un saldo de 15 personas detenidas.
Precisaron además que se registraron 283 protestas por gasolina.
A partir del segundo trimestre se incrementaron las protestas por derechos políticos (814), rechazando inhabilitaciones y exigiendo elecciones libres, justas y transparentes.
Para 2024 y en una situación electoral de mucha incertidumbre, el observatorio advierte que puede haber mayor represión selectiva, como ha ocurrido en otros momentos políticos, previos a las elecciones, ya que se incrementa la represión y el control social en sectores populares, sobre trabajadores de instituciones públicas, periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y personas que realizan denuncias públicas.
«Es fundamental que los organismos internacionales de protección de derechos humanos mantengan una observación permanente y presencia en Venezuela, para garantizar una transición con elecciones libres, justas y transparentes, y contener acciones que afecten la dignidad humana del pueblo venezolano», concluye el informe.