El Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDH-UCAB) emitió un comunicado para condenar la violencia y represión de fuerzas de seguridad contra manifestantes en Venezuela.
«Se pudo constatar durante el desarrollo de las manifestaciones diversos actos violatorios de los derechos a la manifestación y reunión pacífica, libertad de expresión y participación política, contrariando las obligaciones de respeto y garantía de derechos humanos contempladas en la Constitución y a los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Venezuela».
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Durante la noche de este 1 de mayo, se confirmó la muerte por arma de fuego de la mujer de 27 años de edad, Jurubith Rausseo, quien protestaba en Altamira.
Por su parte, La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV) denunció este miércoles 1 de mayo, que 13 menores de edad fueron arrestados por cuerpos de seguridad venezolanos en el contexto de la protesta denominada Operación Libertad.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) condena hechos de criminalización, violencia y represión suscitados el día de hoy en las manifestaciones pacíficas convocadas a nivel nacional, en el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo, por la reivindicación de derechos y el restablecimiento de la vigencia de la constitución de 1999.
Se pudo constatar durante el desarrollo de las manifestaciones diversos actos violatorios de los derechos a la manifestación y reunión pacífica, libertad de expresión y participación política, contrariando las obligaciones de respeto y garantía de derechos humanos contempladas en la Constitución y a los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Venezuela.
Organismos de seguridad del Estado y Colectivos Paramilitares reprimieron a la ciudadanía dejando un lamentable saldo de numerosos detenidos, cientos de heridos, incluyendo periodistas y profesionales de la prensa y una manifestante fallecida producto de la criminalización y uso excesivo de la fuerza implementado por los organismos represores.
Recordamos que el artículo 68 de nuestra constitución establece que Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. [y] Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.
En tal sentido, hacemos un llamado al debido respeto y garantía de los derechos humanos y exigimos el cese inmediato del uso letal y desproporcionado de la fuerza para control de manifestaciones, así como que se abran procedimientos de investigación y sanción a los responsables de las violaciones cometidas.
De igual manera, estimamos que la comunidad internacional de Estados y los órganos internacionales de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Naciones Unidas, deben estar atentos y vigilantes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y coadyuvar a la protección de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado.