Este miércoles, el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el doctor Carlos Ayala Corao comparecieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia para supervisar el cumplimiento con lo ordenado al Estado por la sentencia en el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela.
El caso se refiere a los acontecimientos ocurridos en el Internado Judicial Las Flores de Catia en el año 1992, donde perdieron la vida aproximadamente 63 personas por presuntas ejecuciones extrajudiciales y se registraron 20 desapariciones forzadas de personas, luego de que cuerpos de seguridad del Estado dispararan indiscriminadamente contra las personas privadas de libertad. La Corte IDH emitió sentencia en julio de 2006 y determinó que, entre otras medidas de reparación, el Estado de Venezuela debía adoptar medidas necesarias para adecuar las condiciones de las cárceles a los estándares internacionales de derechos humanos.
Liliana Ortega, Carlos Ayala y Francisco Quintana, en representación de las víctimas en esta Audiencia, destacaron que, después de 15 años de publicada la sentencia, hay un incumplimiento en todos los puntos de reparación ordenados. “Si bien la presente audiencia solo se referirá a una medida de reparación del caso que nos convoca, aprovechamos la oportunidad para recordar a esta Honorable Corte el incumplimiento de todos los puntos resolutivos de la sentencia”, indicó Francisco Quintana del Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (Cejil).
También se destacó en la Audiencia el agravamiento de la situación de higiene, salubridad, hacinamiento, falta de agua, entre otros, en los centros de detención en Venezuela derivado de la pandemia por COVID-19. “La falla en la justicia deja en soledad jurídica a las víctimas, sin un recurso efectivo que les permita obtener una reparación integral. Por ello no podemos dejar de lado el reclamo por el establecimiento de la verdad y la justicia”, señaló Liliana Ortega de COFAVIC.
“La suspensión de visitas de los familiares de las personas privadas de la libertad como mecanismo de prevención y aislamiento del COVID impidió el acceso a alimentos a las personas privadas de su libertad y profundizó la crisis alimentaria en los centros de detención”, señaló el abogado Carlos Ayala Corao.
Si el Estado venezolano pusiera en marcha las medidas que obliga la sentencia, la situación carcelaria dejaría de representar un riesgo para la repetición de hechos como los ocurridos recientemente en la masacre del 1 mayo del 2020 en Guanare, en la que perdieron la vida 49 personas privadas de su libertad en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella).
Sin embargo, el hacinamiento, la violencia, la falta de acceso a alimentación adecuada y atención médica, las violaciones al debido proceso y el trato degradante a los internos siguen siendo los principales problemas en las prisiones venezolanas.
“Desde las organizaciones representantes, exhortamos al Estado de Venezuela a que cumpla con la sentencia de la Corte IDH para que toda persona privada de su libertad viva en condiciones compatibles con su dignidad humana”, como la misma sentencia lo estipula”, sentenciaron los abogados.