La migración venezolana es un fenómeno que alcanzó a más de 7.7 millones de ciudadanos y continúa siendo ignorada por los países vecinos, trayendo como consecuencia directa, que estén expuestos al trabajo forzoso, la mendicidad y la trata de personas.
Esta fue una de las principales conclusiones a las que se llegó en un foro virtual organizado por el Observatorio Social Humanitario (OSH), que reunió a dos periodistas expertos para abordar de manera directa está situación provocada básicamente por la crisis humanitaria compleja que atraviesa nuestro país.
Paula Andrea Jiménez, comunicadora independiente, denunció que hay casi 2.9 millones de venezolanos en el vecino país sumado a un millón de colombianos retornados, lo que convierte a Colombia en el segundo país del mundo con más refugiados y el primero con más venezolanos.
“Lo que más me preocupa es el tema de la niñez no acompañada, en situación de movimiento, la gran mayoría de los niños no acompañados siguen cruzando la frontera y las autoridades parecen no registrar las entradas, estos niños están expuestos a la trata, a la mendicidad a la explotación sexual y al trabajo forzoso”.
Sobre la situación de estos niños destacó que “hay más de 3.700 casos de niños venezolanos vulnerados en Colombia a los cuales el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) les abrió un proceso administrativo de restitución de sus derechos”, al momento de realizar este encuentro no se tiene información sobre su estatus.
En cuanto a la protección de los migrantes en Colombia la periodista insistió en que el gobierno actual tiene un enorme rezago en los procesos de regularización lo que representa para los migrantes un problema a la hora de querer insertarse en el mercado laboral, “la llegada del presidente Petro representa un retroceso en materia migratoria. En su discurso no hay una mención a que hay una emergencia humanitaria en Venezuela y de la necesidad de una transición a la democracia”.
Por su parte, el periodista Pedro Pablo Peñaloza quien trabaja actualmente en el medio Crónicas del Caribe, aseguró que Aruba y Curazao no tienen capacidad de atender este flujo migratorio que, en el caso de Aruba, hay un estimado de 17.000 venezolanos, y aunque parezca un número pequeño, esto representa el 15% de la población su población y en el caso de Curazao asciende a 10.000, lo que representa 10%.
Recordó que Curazao, Aruba y Bonaire forman parte del reino de los Países Bajos, y en temas de política exterior y seguridad y defensa dependen directamente de La Haya. “Hablamos es de Países Bajos, porque entonces no estamos hablando de islas que hayan firmado los acuerdos o convenios de la región de América latina y del Caribe sobre el tema de la migración, son islas que no reconocen el estatus de refugiado o de asilado y eso también forma parte de las particularidades de la relación entre Venezuela y el Caribe neerlandés”.
Para el periodista, el factor que agrava la situación es la falta de información, no solo de las autoridades de las islas sino también del gobierno venezolano. “Por ejemplo, entre finales de septiembre y principios de octubre detuvieron a 66 venezolanos, luego eso quedó como un vacío de información, no se sabe qué pasa en esos casos y en realidad no hay mayor transparencia al momento de dar esta información ni de la autoridad de las islas ni de la autoridad venezolana” manifestó.
“Hay denuncias permanentes sobre los abusos que sufren una vez detenidos los migrantes (… ) Por ejemplo, las personas que son detenidas son llevadas primero a firmar documentos que no están en un idioma que manejan, la mayoría están en en neerlandés., recientemente el ministro de Justicia de Curazao decía que iba a ampliar las traducciones de los documentos para el tema de los migrantes. Entonces los migrantes no tienen mayor respaldo o apoyo de ninguna autoridad, luego los encarcelan junto con presos comunes cuando están ahí es por un tema de migración, lo que ocasiona que el mismo migrante renuncie al proceso y pida ser deportado a Venezuela”.
Políticas insuficientes
Cuando hablamos de políticas públicas diseñadas para atender este fenómeno, ambos periodistas coinciden en que no existe, en este momento, capacidad para atender el aumento de la movilidad humana hacia los países vecinos, y que los planes implementados por estos países en muchos casos revictimizan y vulneran los derechos de los migrantes.
“Hay una política, por decirlo así, que busca dificultar el acceso, pero además una vez estás allí, no reconocen la condición de refugiado o asilado y buscan que te vayas” resalta Peñaloza sobre la situación en las islas del Caribe.