La situación de los migrantes venezolanos sigue marcando la pauta en gran parte del continente, que frente a las complicaciones de la pandemia por la COVID-19 ha obligado a los gobiernos a tomar nuevas medidas para brindar apoyo a los desplazados, sin poner en riesgo a sus ciudadanos y sus condiciones de vida.
De acuerdo con cifras oficiales de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), unos 5,4 millones de venezolanos han salido de su tierra natal buscando mejoras. Por su parte, Migración Colombia estima que 1.729.537 venezolanos han ingresado a ese país, 56% de ellos se encuentra en condición irregular.
En la búsqueda de soluciones para esta población en riesgo, el Ministerio de Relaciones de Exteriores, Migración Colombia y la Gerencia para la Frontera y la Migración desde Venezuela de la Presidencia de Iván Duque, se aliaron en la construcción y presentación del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV).
Se trata de una figura complementaria de protección internacional de refugiados, que otorga un beneficio temporal de regularización a quienes cumplan los requisitos establecidos y facilita el tránsito del Régimen de Protección Temporal a Régimen Migratorio Ordinario.
Aunque el año pasado el gobierno colombiano informó que los migrantes venezolanos en condición irregular no serían vacunados, ahora los que obtengan el Estatuto de Protección Temporal podrán acceder al plan de vacunación gestionado por el presidente Duque. Se estima que el gobierno neogranadino adquirirá 2 millones de vacunas adicionales para los venezolanos que se regularicen.
Juan Espinoza, director de Migración Colombia, aclaro que el ETPV no es un instrumento electoral: “No es llamado para que más migrantes ingresen a Colombia, lo que hace es reconocer a una población migrante que ya es una realidad en el país. Nada tiene que ver el estatuto con un proceso electoral, por disposición legal, ningún extranjero, no venezolano ni de otra nacionalidad, pueden votar para presidente”.
Entre los principales enunciados de la medida migratoria son:
-Los migrantes venezolanos podrán tener permiso de trabajo y/o, acceder a una beca.
-Tienen la opción a residencia/ciudadanía después de diez años.
-Podrán acceder a salud, educación, un trabajo digno
-Tienen que pagar impuestos en beneficio del país colombiano.
Chile: cancelación de visas y deportaciones
Recientemente se viralizó un video de un padre corriendo por la frontera con su hijo en brazos desmayado, tras caminar durante horas y dormir en la intemperie para cruzar de Bolivia a Chile. El éxodo masivo de migrantes, especialmente venezolanos, no solo ha provocado que la localidad fronteriza de Colchane esté sumida en la crisis, sino que incentivó a los países anteriormente nombrados a reforzar el control en sus espacios limítrofes.
Para mañana miércoles está previsto que más de 100 migrantes venezolanos que ingresaron por pasos no habilitados de Bolivia a Chile sean deportados a Colombia y Venezuela por el gobierno de Sebastián Piñera. Este avión de la Fuerza Aérea de Chile será el primero de una serie de traslados los próximos días.
Anteriormente, el 12 de noviembre, a través de un comunicado oficial el consulado de Chile en Venezuela anunció que cancelaba todas las solicitudes de visas de responsabilidad democrática para los venezolanos, afectando también a quienes ya se encontraban en ese país en espera de la prórroga de su visado.
Al respecto, la representante diplomática de Juan Guaidó en Argentina, Elisa Trotta Gamus, instó a los gobiernos a entender la situación por la que atraviesan los migrantes y refugiados venezolanos, al tiempo que, resaltó que restringir y cerrar fronteras, además de criminalizar a los migrantes “solo llevará a más sufrimiento”.
Ecuador y Perú restringen el paso fronterizo
Otra frontera que también reforzó sus accesos fue la que colinda entre Ecuador y Perú. A inicios del mes, la ciudad de Huaquillas (Ecuador) resguardó a cientos de venezolanos en sus parques y plazas públicas, luego que el ejército de ese país les impidiera a los migrantes continuar su camino al sur del continente.
No obstante, el pasado 25 de enero, 1.200 militares peruanos desplegaron en el cordón fronterizo más de 50 tanquetas, carros de combate y patrulleros para bloquear unos 30 pasos fronterizos ilegales, disuadir la inmigración ilegal y evitar que aumenten los casos de COVID-19. Del lado ecuatoriano fueron menos ostentosos con el despliegue de unos 200 uniformados y 20 unidades tácticas.
En estas naciones, los venezolanos además son víctimas de acciones xenófobas. A propósito de las elecciones que se celebraron el pasado domingo 7 de febrero en Ecuador, el periodista venezolano radicado en ese país desde hace tres años, Jefferson Díaz, denunció campañas y mensajes xenófobos por parte de los candidatos en contra de los migrantes venezolanos. Divulgó imágenes de pancartas con consignas como: “No queremos ser otra Venezuela” o “Seguir con la dolarización o convertirnos en Venezuela”.
Aunque no todo es negativo. El pasado lunes 8 de febrero, la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Elizabeth Astete, anunció que “está contemplada la vacunación de los extranjeros residentes”. Se estima que Perú ha acogido a más de 800 mil venezolanos desde 2016 y se espera que quienes habitan en ese país sean vacunados contra la COVID-19, según el cronograma que comienza este martes con la vacunación del personal sanitario, para quienes se dispusieron 300.000 dosis chinas de Sinopharm.
El representante diplomático de Juan Guaidó en Perú, Carlos Scull, celebró la noticia: “Agradecemos al Gobierno del Perú por esta decisión. Solo juntos y con inclusión lograremos vencer la pandemia”.
Trinidad y Tobago encarcela a menores venezolanos
Conocidos son los casos de rechazo y deportación de venezolanos por parte del gobierno de Trinidad y Tobago. Se estima que actualmente hay unos 40.000 venezolanos en ese país que, además, limitó la recepción de migrantes con la imposición de visados desde el año pasado, por lo que la deportación se ha convertido en una acción cotidiana para el gobierno trinitario.
Sin embargo, el caso que más alarma internacional ha despertado es el caso de los nueve niños, junto a algunas de sus madres, que permanecen detenidos en un centro de reclusión al sur del país después de semanas.
La comunidad internacional, organizaciones venezolanas, familiares de los detenidos e incluso miembros del Ejecutivo de Puerto España han exigido la liberación de los menores de edad de forma inmediata, pero las instituciones han hecho caso omiso.
Además, desde el pasado 22 noviembre en redes sociales se popularizó la etiqueta #DondeEstanLos16, luego que el gobierno trinitario embarcara en dos balsas a 29 venezolanos, entre los que se encontraban 16 menores de edad sin sus padres, incluido un bebé de cuatro meses, para ser deportados a Venezuela. Varios fallecieron durante la travesía.