Paralizar la actividad económica es un atentado contra la libertad

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Confinamiento con incertidumbre y violaciones a la propiedad privada y la libertad económica es la realidad que se vive en Venezuela al cumplirse más de 160 días del inicio de las medidas de “estado de alarma” tomadas por Nicolás Maduro con la excusa de controlar la pandemia por COVID-19 en Venezuela.

Así lo considera el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), que en primer lugar recuerda que lo que originalmente se trató de “cuarentena” se transformó en una medida de confinamiento, que “al prorrogarse en varias oportunidades el estado de alarma, no parece tener un límite de tiempo o al menos existe cada vez más mayor incertidumbre sobre su fin”.

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Además, a través de su Observatorio de Derechos de Propiedad, la organización destaca cómo las medidas tomadas en el ámbito económico solo profundizarán la ya grave crisis venezolana, que ha derivado en una Emergencia Humanitaria Compleja. 

Lamentablemente consistente con una política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada, se reiteran medidas como la suspensión de pago de los cánones de arrendamiento, lo cual no sólo afecta al propietario del inmueble sino a todas las partes de la relación arrendaticia. 

A esto se suma, a juicio de Cedice Libertad, un aumento en el abuso de poder por parte de las fuerzas públicas, y con ello más violaciones a los derechos de propiedad. 

Informalidad e incertidumbre en la desescalada

El último elemento a tomar en cuenta al evaluar de manera negativa el resultado de los 155 días de confinamiento en Venezuela es la violación de la ya mermada libertad económica que quedaba en el país antes de la pandemia. 

Las fuertes restricciones para el desarrollo de las actividades económicas, incluso en aparentes “flexibilizaciones” para ciertos sectores económicos que son escogidos de manera discrecional y sin un criterio claro, ponen en riesgo su subsistencia y los puestos de trabajo que antes de la declaratoria del estado de alarma ya se encontraban en una precaria situación.

Aunque de forma incierta, y anunciado con poco aviso e informalmente, se ha intentado una desescalada de la cuarentena, pero esta no se ha adoptado en conjunto con un necesario plan de reactivación de todos los sectores de la economía, discutido con los principales involucrados.

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Como objetivo central debe priorizar fortalecer la institucionalidad, reactivar la economía, recuperar la inversión petrolera, generar empleo, superar la pobreza, la crisis de los servicios públicos y acabar con la corrupción.

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