El ámbito laboral ve con atención el fenómeno de la puesta en funcionamiento de algunas empresas de alimentos otrora en manos del Estado por parte de empresarios privados, aseguraron fuentes del sector que solicitaron guardar sus nombres en reserva.
Revelaron que los productos fabricados y/o distribuidos por los privados tienen como destino las bolsas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
«Los mecanismos para reabrir y reactivar plantas y centros productivos consisten en el alquiler o traspaso de espacios y activos de fábricas que el chavismo estatizó», contó un consultado.
Estudios del Centro de Difusión del Conocimiento Económico (Cedice) revelan que entre 2005 y 2017 las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro estatizaron 1.359 empresas grandes, medianas y pequeñas y de diversas actividades a través de la expropiación, la confiscación y -en mucho menos ocasiones- la compra con indemnización.
«Muchas de esas empresas son del sector alimentos y varias de ellas han sido objeto de cesión, venta o alquiler a los llamados boliburgueses o enchufados», precisó un consultado.
Las fuentes llamaron la atención de que en las etiquetas de presentación en los envases de los productos cada vez menos aparece la consigna «Hecho en socialismo» para dar paso al mensaje de «Reactivando la patria» o a ninguna alusión ideológica.
Según las fuentes, la iniciativa oficialista de incluir al sector privado en la recuperación de empresas estatizadas obedece al cambio de dirección de la economía anunciado por Maduro, quien reconoce el fracaso de las compañías en manos del Estado.
En este contexto, indicaron que los CLAP son el mejor globo de ensayo para esta iniciativa, pues llegan a más de dos millones de hogares en el país.
«La estrategia de que los CLAP contengan en su totalidad productos venezolanos se ha cumplido en más de 90% gracias a estas empresas recuperadas», dijo un consultado.
No obstante, advirtió que los volúmenes de producción de esas empresas son insuficientes para abastecer el resto del mercado nacional. Por ello, muchas de las marcas de productos de los CLAP -excepto Lácteos Los Andes- son difíciles de ver en los anaqueles de supermercados y bodegones, donde imperan los alimentos importados y de marcas venezolanas de las grandes corporaciones.
Las fuentes destacaron que las autoridades de gobernaciones y alcaldías se han convertido en promotores de que privados alquilen espacios con fines productivos o tomen las operaciones de fábricas paralizadas o a medio funcionar. «En el estado Sucre, procesadoras de pescado cerradas o en quiebra han sido recuperadas», citó como ejemplo un consultado.
Johnny Magdaleno, directivo de la Federación de Trabajadores de Carabobo, deploro que el movimiento sindical no haya sido informado acerca de esa política y de la que se ignora cuántas empresas están involucradas y los empleos generados.
«De todas maneras, el número de puestos de trabajo es pequeño e impacta muy poco en el retroceso de la tasa de desempleo de 40% existente en el país», sostuvo el representante de Fetracarabobo.
El dirigente insistió en que los trabajadores de las empresas recuperadas deben tener un empleo digno y bien remunerado.