Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana actúan cada vez con más frecuencia en la disolución de protestas que se registran en zonas populares de Venezuela. El cuerpo de élite suele intervenir cuando las manifestaciones rebasan a los cuerpos de control de orden público debido a la extensión geográfica o porque hay muchos focos simultáneos.
La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), ha detectado durante 2019 un patrón característico en la represión en sectores populares: la actuación combinada de las FAES y grupos de civiles armados al margen de la ley.
El uso de las FAES tiene dos propósitos. El primero es sembrar terror y mandar un mensaje: Si te levantas, si te alzas, la respuesta que vas a tener es el grupo comando. El segundo elemento tiene que ver con la propia dinámica del incremento de la represión del gobierno de Nicolás Maduro. Desde 2017, cuando enfrentó la rebelión popular, se fueron implementando una serie de patrones represivos como el uso de justicia militar y desapariciones forzadas para contener el descontento social que cada vez es mayor, afirma Marino Alvarado, director de la ONG.
Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio venezolano del Crimen Organizado, indica que la relación entre las FAES y grupos de civiles armados no es nueva. Recuerda que durante la llamada Masacre de El Junquito fueron asesinadas dos personas que participaron en ese operativo, vestían uniforme de ese cuerpo y tenían identidad falsa.
Hace un año y medio en Ciudad Caribia miembros del colectivo de esa localidad indicaban a las FAES dónde tenían qué allanar. Eso indica una profunda ilegalidad porque el tratamiento de las fuentes confidenciales debe estar judicializado, advierte.
Un informe de Provea documenta 205 presuntas ejecuciones extrajudiciales que habría cometido las FAES durante 2018. Alvarado señala que la actuación de ese organismo suele implicar graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y masivas, allanamientos masivos sin orden judicial, maltrato a los detenidos, uso de armas de guerra contra población civil e incluso masacres.
Mayorca coincide con la ONG y resalta que durante 2018 ese organismo estuvo involucrado en más de 450 muertes. Hay un patrón en el que muy pocas veces se producen enfrentamientos reales o amenaza inminente para el funcionario. Muy pocas veces ves funcionarios heridos, puntualiza.
Explica que se manejan como una policía dentro de la policía. Tienen un estatus diferente y esto lo dice en sus arengas el propio jefe de la FAES el teniente coronel Rafael Bastardo: Ustedes son parte de la protección esencial del régimen político que estamos viviendo. Y eso les da a los miembros un amplio margen de maniobra. Hasta ahora no se ha visto a un solo miembro de las FAES procesado por violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, señala el periodista.
Durante los primeros tres meses de 2019 medios de comunicación nacionales e internacionales, así como organizaciones defensoras de los derechos humanos, han documentado actuación de las FAES junto a grupos de civiles armados en las protestas registradas en Caracas los días 21, 22 y 23 de enero, 23 de febrero y 31 de marzo.