La ruta electoral no se debe abandonar, sin embargo, para que esa ruta electoral realmente sirva para solventar la crisis política del país y atacar las causas de la emergencia humanitaria compleja que sufren los venezolanos es necesario mucho más que ocho rectores impuestos por el Tribunal Supremo de Justicia.
A partir de 1998 se han designado ocho distintos directorios del Consejo Nacional Electoral, cuatro de ellas por el TSJ. Solo una directiva en 20 años ha sido designada por la Asamblea Nacional.
Para que la ruta electoral funcione se necesita un arbitraje electoral institucional que es mucho más que un nuevo CNE, un árbitro electoral que retome las garantías políticas y técnicas y que además pueda adecuar las elecciones a la nueva realidad que impone el coronavirus.
El nuevo CNE debe salir de un gran acuerdo político amplio con un cronograma en el que se sepa cuándo se van a realizar las parlamentarias, cuándo se puede realizar un referendo y cuándo se podría convocar una eventual elección presidencial. Antes de hablar de elecciones en Venezuela es necesario reconstruir las garantías políticas y técnicas, reconstruir el sistema automatizado.
Solo un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional, a través del comité de postulaciones, permitirá encaminar a la resolución de la crisis.
