La flexibilizacion de la cuarentena por la COVID-19 desde noviembre ha ocasionado la reincorporación gradual de los trabajadores a sus puestos de forma presencial. Sin embargo, ese regreso es desigual entre el sector público y privado que registran 30% y 90%, respectivamente, aseguraron fuentes laborales.
«En el caso del sector privado, las empresas ya adecuaron sus espacios e implantaron las medidas de bioseguridad, lo que no ocurre en el sector público», refirió un consultado que solicitó guardar su nombre en reserva.
Precisó que en el proceso del retorno pleno al trabajo presencial ya se sumó la banca, al retomar el horario de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.
«Desde noviembre, el grueso de los trabajadores de la empresa privada se ha incorporado a sus puestos presenciales, pero ese proceso en el Estado ha sido lento por la complejidad’, sostuvo otra fuente.
Empleados públicos que también pidieron no mencionar sus nombres manifestaron su desacuerdo en cuanto a volver al trabajo presencial, debido a que las condiciones no están dadas.
«La planta física de las oficinas del ministerio esta en condiciones deplorables: los baños no sirven, no hay agua no aire acondicionado. Así no se puede trabajar», contó una funcionaria.
Un empleado público insistió en que «el problema del transporte público no se ha resuelto y el reciente aumento salarial no ayuda a cubrir el gasto de pasajes para muchos trabajadores que viven en Guatire, Valles del Tuy o los Altos Mirandinos. No solo se llega al sitio de trabajo en Metro».
Antonio Suárez, directivo de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, destacó que se debe planificar con anticipación y muy bien el regreso pleno al trabajo presencial.
Un requisito es que las instituciones garanticen la aplicación correcta de la bioseguridad, como uso de tapaboca, alcohol o gel y medición de la temperatura en los accesos.
También tiene que estar lista la adecuación de los espacios para respetar el distanciamiento social en oficinas, ascensores, comedor, baños y pasillos.
«Estamos hablando del retorno de 4 millones de personas si incluimos el magisterio y la salud, además de los ministerios, empresas del Estado, gobernaciones y alcaldías entre otros», advirtió.
Agregó que la presencia masiva de estos empleados en la calle generará caos si no se planifica debidamente y en esto deben participar los sindicatos de base de cada organismo.
Otro factor importante es el del ingreso económico de los trabajadores del Estado, pues el ajuste a los sueldos del tabulador a partir del 15 de marzo es insuficiente para cubrir los gastos del empleado público y su familia, además de que ese ingreso se deprecia con la inflación.
De acuerdo con la nueva tabla, los sueldos promedio mensuales de los empleados públicos quedaron entre 170 y 190 bolívares para los bachilleres, 300 bolívares los TSU y de 400 a 500 bolívares los profesionales.
Suárez indicó que el incremento salarial no fue de 1.700% porque en los sueldos fueron incluidos los bonos como el de Máxima Eficiencia, que se venían pagando a través de la página Patria.
Asimismo, denunció la reducción de los montos de las primas por nacimiento de hijo, matrimonio, becas y útiles escolares, juguetes y bonos extras de fin de año.
«Estos conceptos no solo fueron rebajados, sino que no son objeto de mejora a través de la discusión de los contratos colectivos», dijo.
Volviendo a la reincorporación presencial plena de los empleados públicos a sus puestos, Suárez recordó que todavía está vigente el decreto de la emergencia sanitaria por la pandemia, el cual envió a los trabajadores del Estado a sus casas.
Agregó que se esperan muchas renuncias de trabajadores a sus cargos en el momento de la reincorporación laboral plena al trabajo presencial en la administración pública.
«Entonces, se sabrá exactamente cuantos trabajadores emigraron al exterior y quienes decidirán dedicarse a trabajar en la economía informal venezolana, donde ganan más», señaló el sindicalista.