Tenedores del bono Pdvsa 2020, hasta ahora no pagado por la petrolera estatal, solicitaron a un juez de Nueva York que garantice que puedan reclamar una compensación de los ingresos previstos en la subasta de acciones de la matriz de la refinería estadounidense de propiedad venezolana Citgo Petroleum.
El caso de los tenedores en Nueva York sobre la validez de su demanda contra Venezuela no se ha resuelto, pero si consiguen una orden judicial mientras tanto, podrían bloquear, en última instancia, la transferencia de acciones de la matriz de Citgo, PDV Holding, al ganador de la subasta, indica una nota publicada en Reuters.
La oferta de 7.400 millones de dólares por PDV Holding, presentada por un grupo liderado por una unidad de la minera Gold Reserve, fue recomendada la semana pasada como ganadora de la subasta por el procurador del tribunal que supervisa la ronda de ofertas en Delaware.
La subasta, organizada por el tribunal, tiene por objeto pagar a los acreedores de Venezuela tras el default continuado de la deuda externa y las demandas por expropiaciones de empresas foráneas en el país.
Pero, a diferencia de otras ofertas competidoras, la propuesta del grupo Gold Reserve no incluye un acuerdo para pagar a los tenedores de bonos.
Los titulares de estos papeles, vencidos en 2020, se preparan para actuar con un requerimiento judicial si la oferta del grupo Gold Reserve se aprueba finalmente en Delaware en los términos propuestos, agrega la agencia de noticias.
«No queremos interferir en la venta», dijo Christopher Clark, abogado que representa a los bonistas, a la juez Katherine Polk Failla, del Distrito Sur de Nueva York, en una vista judicial. «Lo único que intentamos es proteger nuestros derechos. Delaware no es el foro adecuado para ello»,
El juez federal Leonard Stark debe decidir si aprueba la oferta recomendada en las próximas semanas. Sin embargo, ya había anticipado que la oposición de los tenedores de bonos a la transacción propuesta por el grupo Gold Reserve por la matriz de Citgo podría conducir a un aumento de los litigios en un caso que ya lleva ocho años de trámites, que registró una primera ronda de ofertas fallida el año pasado.