Senadores de Filipinas abrieron el lunes una investigación sobre la muerte de más de 1.700 presuntos distribuidores y consumidores de droga dentro de una operación contra el narcotráfico encabezada por el presidente del país, Rodrigo Duterte. Varios testigos acusan a algunos policías de asesinar a sospechosos y de estar relacionados con el tráfico ilegal de sustancias.
El número de muertes ha alarmado a los grupos defensores de los Derechos Humanos y la jerarquía de la Iglesia católica, así como a Estados Unidos y a las Naciones Unidas, que han advertido al Gobierno filipino que lo podrían considerar responsable.
La senadora Leila de Lima, que preside el comité del Senado que encabeza la pesquisa, dijo estar preocupada por los homicidios generalizados y porque agentes de la ley y vigilantes pueden estar empleando la ofensiva «para cometer crímenes con impunidad».
Al menos 1.779 sospechosos han muerto, 712 de ellos en choques con la policía y el resto en circunstancias no aclaradas, dijo a los senadores el jefe de la policía nacional, Ronald dela Rosa, quien aseguró que no era partidario de los ajusticiamientos.
El domingo Duterte amenazó con sacar a Filipinas de la ONU por las críticas del organismo a su política de mano dura contra las drogas.
