Ante la grave situación que vive el país y que se traduce en un entorno sociopolítico y económico signado por la emergencia humanitaria compleja, caracterizada por la vulneración de los derechos humanos, desplazamientos poblacionales, ingobernabilidad, represión, precariedad en los servicios públicos, hambre y miseria; la sociedad organizada del estado Mérida manifestó su apoyo a la decisión ciudadana de elegir libremente al liderazgo que conduzca al cambio social y político.
Así lo expresaron en un comunicado que fue leído por la doctora Christi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela Capítulo Mérida, durante una rueda de prensa moderada por Yanara Rivas y en la que participaron Pedro Fernández, coordinador de Médicos Unidos de Venezuela Capítulo Mérida; Genry Vargas, exrector de la Universidad de los Andes; Mónica Araujo, coordinadora de Súmate en Mérida, y Argeno Prat, coordinador de Creemos Alianza Ciudadana Mérida.
Para la sociedad civil del estado Mérida, la organización, participación y activación de los ciudadanos es clave para el rescate y la construcción de una democracia plena en Venezuela. “Se trata no sólo de escoger, sino de revisar, discutir y construir como ciudadanos, y también de entender la ciudadanía como la práctica a través de la cual los individuos se constituyen, desarrollan y exigen, para crear condiciones más equitativas, solidarias y de mayor libertad”.
Además enfatizaron en que es indispensable el respeto, la garantía y protección de los de Derechos Humanos, lo que comprende el cese a la persecución y la libertad plena de los presos políticos; el ejercicio efectivo de los derechos sociales y políticos: derecho a elegir y a ser elegido; apertura del registro electoral dentro y fuera del país; rechazo a las inhabilitaciones, entre otros aspectos. “Apoyamos la decisión ciudadana de elegir libremente al liderazgo que conduzca el cambio social y político sin intervenciones”, puntualizaron.
En el encuentro con los medios de comunicación social del estado, plantearon también que es indispensable la separación y contrapesos de poderes, para lo cual debe existir una verdadera independencia y autonomía en las instituciones públicas, transparencia administrativa y de gestión, junto con una rendición de cuentas oportuna a las instancias gubernamentales y a los ciudadanos plenamente informados. También resaltaron el ejercicio de la contraloría ciudadana como un derecho.
En ese sentido, rechazaron la concentración del poder político y económico, la opacidad y todo aquello que ha permitido la penetración de la corrupción a todos los niveles de la administración pública, y exigen un funcionamiento eficiente e independiente de los entes de la Contraloría General. Asimismo, pidieron la dignificación del salario de los funcionarios de la Administración pública y de todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados conforme a lo que estipula el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Para la sociedad organizada merideña es indispensable que se respete de manera irrestricta el ejercicio de las libertades de asociación y sindicalismo. “Hacemos un llamado a los ciudadanos al ejercicio de sus libertades de asociación y evitar caer en las acciones divisorias. Rechazamos el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”.
También se plantea que el Estado sea generador de oportunidades para que los ciudadanos puedan realizarse personal y profesionalmente. “Requerimos garantía del derecho a la Salud de todos los ciudadanos”.
Con respecto a la educación, consideran que debe ser la herramienta de construcción de capacidades y oportunidades de crecimiento, bienestar y generación de empleo y por lo tanto, se debe garantizar excelencia y calidad en el sistema educativo a todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad.
Además rechazaron la intervención arbitraria de los medios de comunicación, como mecanismo para manipular y restringir la libertad de expresión y de información.
Finalmente, reclamaron la atención inmediata de quienes están afectados por la emergencia humanitaria compleja, con especial énfasis en la población más vulnerable. “Exigimos el desarrollo de mecanismos que garanticen acceso a la salud, alimentación, disminuyan la mortalidad materno-infantil y la migración forzada; y en el caso particular de Mérida , atenuar las causales del alto índice de suicidios”.
Organizaciones firmantes del comunicado:
Asociación Civil Súmate; Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Monseñor Oscar Arnulfo Romero”; Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM); Asociación Civil Ciudad Activa; Creemos Alianza Ciudadana (CAC); Frente Ciudadano Democrático (FCD); La Tertulia de los Martes; Liderazgo, Democracia y Desarrollo Social (LIDDES); Médicos Unidos de Venezuela (MUV); Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres; Primero Justicia (PJ); Un Nuevo Tiempo (UNT); Sindicato de Trabajadores Administrativos del IUTE; Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA) y Transparencia Venezuela.